El diputado Carlos Coggiola, del bloque Neuquén Federal, presentó un proyecto de ley que propone sanciones para los padres, madres o tutores que no actúen frente a situaciones de violencia escolar o bullying. La iniciativa, ingresada el 6 de octubre bajo el expediente 17994, busca incluir un artículo en el Código de Faltas de la provincia del Neuquén.
La medida prevé multas económicas o la asistencia obligatoria a talleres sobre convivencia y responsabilidad parental para los adultos responsables que, tras ser notificados por la escuela, no adopten medidas razonables para detener conductas agresivas o discriminatorias.
Qué contempla el proyecto
El nuevo artículo del Código de Faltas establece que los padres, tutores o responsables legales de un niño, niña o adolescente que haya incurrido en acoso, hostigamiento o violencia física o psicológica deberán:
-
Abonar una multa de 5 a 30 JUS, o
-
Asistir a instancias formativas sobre derechos del niño, convivencia escolar y prevención de la violencia.
El juez competente será quien determine la sanción. Además, podrá reemplazar la multa por trabajos comunitarios en caso de considerarlo pertinente.
Evaluación y garantías antes de aplicar la sanción
Antes de dictar una sanción, el juez de paz deberá solicitar informes a la autoridad educativa, a equipos interdisciplinarios y, de ser necesario, al equipo de orientación escolar o al servicio de protección de derechos.
El proyecto aclara que no se aplicarán sanciones si el adulto demuestra haber actuado con diligencia razonable, o si la omisión fue consecuencia de fuerza mayor, falta de medios o razones de salud debidamente justificadas.
Enfoque educativo, no punitivo
En los fundamentos, Coggiola explica que el objetivo no es criminalizar a los niños o adolescentes, sino ofrecer una herramienta que promueva la intervención activa de los adultos responsables.
El legislador aclara que la medida funcionará como último recurso, solo en casos de inacción reiterada e injustificada. Asimismo, destaca que la sanción podrá conmutarse por talleres formativos, priorizando un enfoque educativo y garantizando el debido proceso y la intervención previa de las autoridades escolares.
