Un cargamento de marihuana, plantas de cannabis y cocaína secuestrado en distintos operativos policiales en la franja costera atlántica de Río Negro fue incinerado el fin de semana en los hornos industriales de la planta de Álcalis de la Patagonia, ubicada en San Antonio Oeste. El procedimiento contó con la presencia de representantes del Juzgado Federal de Viedma, la fiscalía federal, el área de Narcocriminalidad del gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad rionegrino.
La destrucción de la droga es el paso final del proceso judicial que regula el destino de los estupefacientes decomisados. La planta de Álcalis dispone de hornos de alta temperatura que la convierten en uno de los pocos establecimientos de la región con capacidad técnica para este tipo de procedimientos, de ahí su uso recurrente en este tipo de actuaciones judiciales por parte del fuero federal de la provincia.
La supervisión del acto estuvo a cargo de Marcelo Estévez, secretario del Juzgado Federal de Viedma, e integrantes de la Unidad Fiscal Descentralizada del mismo fuero. Por parte del gobierno provincial participaron Darío Buonaventura, titular de la Secretaría de Narcocriminalidad, y Manuel Casariego, secretario de Seguridad y Justicia del Ministerio de Seguridad de Río Negro. La cadena de custodia de los bultos, desde su traslado hasta la incineración efectiva, estuvo a cargo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina con sede en San Antonio Oeste.
La destrucción de estupefacientes bajo supervisión judicial es un procedimiento que la justicia federal rionegrina aplica periódicamente para evitar el almacenamiento prolongado de sustancias ilícitas y garantizar que el material decomisado no pueda reingresar al circuito del narcotráfico. El fuero federal de Viedma tiene jurisdicción sobre la franja costera atlántica, que incluye San Antonio Oeste, Las Grutas, San Antonio Este y Sierra Grande, zona donde en los últimos años se intensificaron los operativos antidrogas.
La Secretaría de Narcocriminalidad de Río Negro viene sosteniendo una política de desarticulación de puntos de venta en distintas localidades de la provincia, con intervención de divisiones especializadas de la Policía rionegrina y coordinación con el fuero federal.
