Este jueves se confirmó en Cipolletti que el hombre imputado por el intento de femicidio de su pareja continuará detenido en prisión preventiva. La jueza de Garantías Sonia Martín rechazó el pedido de su defensa para otorgarle arresto domiciliario y resolvió mantener la medida en la modalidad original, al constatar que persisten los riesgos procesales.
El hecho que originó la causa ocurrió el 10 de julio en la vivienda que el acusado compartía con su pareja y tres niños. Durante una discusión por dinero, insultó y golpeó a la mujer, hirió a uno de sus hijos al intervenir y luego la roció con combustible para intentar prenderla fuego con un encendedor. Un adolescente logró evitar la tragedia al sacarle el encendedor de la mano y echarlo de la casa. Afuera, el hombre intentó dañar el auto de la víctima y fue detenido minutos después por la policía.
Durante la audiencia celebrada en el Foro Penal de Cipolletti, el abogado defensor solicitó morigerar la prisión preventiva dictada el pasado 11 de julio por cuatro meses. Propuso que el acusado cumpla la medida en su casa con una tobillera electrónica, pero no presentó los informes socioambientales de las viviendas propuestas, requisito indispensable para evaluar este tipo de beneficios.
El defensor intentó justificar el pedido alegando que la mezcla de nafta y aceite utilizada para rociar a la víctima no tenía un alto poder inflamable y que su cliente se entregó tras el hecho. Sin embargo, la falta de documentación y la debilidad de los argumentos fueron señalados como insuficientes para modificar la medida cautelar.
En contraposición, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Laura Olea se opusieron formalmente. Respaldados por un informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, explicaron que la combinación de nafta y aceite es altamente inflamable y peligrosa, ya que el aceite facilita que el combustible se adhiera al cuerpo y la ropa.
Además, remarcaron que el acusado no posee arraigo firme en la zona, lo que mantiene vigentes los mismos riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La Fiscalía enfatizó también la necesidad de proteger a la víctima frente a presiones económicas y posibles interferencias en el proceso judicial.
En ese marco, se dio intervención inmediata a la OFAVI y a la SENAF para garantizar un acompañamiento integral a la mujer y a sus hijos, en línea con la obligación estatal de actuar con perspectiva de género y celeridad frente a la violencia contra las mujeres.
