San Martín de los Andes vuelve a estar en el centro de una discusión judicial que genera repercusiones en la comunidad. Un hombre condenado por trata de personas con fines de explotación laboral recibió autorización para salir de su domicilio y trabajar en uno de sus comercios mientras cumple una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Según informó el medio local Realidad Sanmartinense, se trata de Ronald Alcides Viza Cruz, un ciudadano boliviano condenado por la Justicia Federal tras acreditarse su responsabilidad en un caso de explotación laboral que tuvo como víctimas a dos mujeres de su mismo país.
La causa se remonta a 2016 y expuso una compleja trama de captación de trabajadoras en Bolivia mediante ofertas laborales que prometían mejores oportunidades económicas en Argentina. De acuerdo con la investigación judicial, las víctimas llegaron a San Martín de los Andes para desempeñarse en comercios administrados por Viza Cruz y su esposa, pero terminaron sometidas a condiciones laborales abusivas.
Durante el juicio oral realizado en 2019, la Fiscalía sostuvo que las mujeres trabajaban sin percibir el salario prometido y permanecían en una situación de dependencia económica respecto de sus empleadores. El Tribunal Oral Federal concluyó que existió explotación laboral y condenó a Viza Cruz a cinco años de prisión, mientras que su esposa recibió una pena de ejecución condicional.
Durante el juicio oral realizado en 2019, la Fiscalía sostuvo que las mujeres trabajaban sin percibir el salario prometido y permanecían en una situación de dependencia económica respecto de sus empleadores. El Tribunal Oral Federal concluyó que existió explotación laboral y condenó a Viza Cruz a cinco años de prisión, mientras que su esposa recibió una pena de ejecución condicional.
El caso salió a la luz por una consulta médica
La investigación tomó impulso cuando una de las víctimas acudió por sus propios medios al hospital de San Martín de los Andes debido a un fuerte dolor abdominal. Durante esa consulta habría comentado dónde trabajaba, situación que posteriormente derivó en sospechas sobre las condiciones en las que se encontraba.
Poco tiempo después se realizó un allanamiento que permitió rescatar a las dos mujeres y avanzar con la causa judicial que terminó en condena.
Según quedó acreditado durante el proceso, ambas habían aceptado trabajar por un salario mensual de 600 dólares, monto que nunca cobraron en su totalidad. La Justicia determinó que recibían pequeñas sumas de dinero para enviar a sus familiares en Bolivia, mientras que el resto de los ingresos quedaba bajo control de los empleadores.
La investigación tomó impulso cuando una de las víctimas acudió por sus propios medios al hospital de San Martín de los Andes debido a un fuerte dolor abdominal. Durante esa consulta habría comentado dónde trabajaba, situación que posteriormente derivó en sospechas sobre las condiciones en las que se encontraba.
La polémica por las salidas laborales
Mientras cumple la condena bajo prisión domiciliaria, Viza Cruz solicitó recientemente autorización para trabajar en uno de sus negocios mediante un régimen de salidas laborales.
El pedido generó posiciones encontradas. El Ministerio Público Fiscal se manifestó en contra de conceder el beneficio, mientras que la oficina de Ejecución del Tribunal Oral Federal resolvió hacer lugar a la solicitud presentada por la defensa oficial.
Con esta decisión, el condenado quedó habilitado para salir de su domicilio en horarios determinados durante la mañana y la tarde para desempeñar tareas laborales en un comercio de la localidad cordillerana.
La resolución vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los alcances de los beneficios de ejecución penal para personas condenadas por delitos vinculados a la trata de personas y la explotación laboral, una problemática que tuvo un fuerte impacto en San Martín de los Andes y que aún mantiene sensibilidad en la comunidad.
