El concejal de Cervantes Enzo D’Amico fue acusado por desobedecer una orden judicial en un caso de violencia de género, luego de haber sido detenido cuando intentó acercarse al domicilio de su expareja pese a tener una restricción vigente; la Justicia le impuso nuevas medidas cautelares por cuatro meses y notificará al Concejo Deliberante sobre su situación penal.
Tras el escándalo que sacudió a la pequeña localidad, el caso avanzó rápidamente en tribunales. Según confirmó el Ministerio Público, el hecho ocurrió el domingo cerca de las 10:55, cuando el edil se presentó en la vivienda de la mujer, aun cuando tenía prohibido acercarse por una medida dictada apenas dos días antes, en el marco de la Ley 3040 de violencia familiar.
En ese contexto, siempre de acuerdo a la acusación fiscal, D’Amico comenzó a golpear la puerta del domicilio e incluso habría intentado forzar el ingreso, una situación que generó temor y llevó a la víctima a llamar de inmediato al 911. Minutos después, personal policial llegó al lugar y lo detuvo en flagrancia, en una escena que no tardó en correr de boca en boca entre los vecinos de Cervantes.
Sin embargo, lo más fuerte llegó en la audiencia judicial. Allí, la fiscalía formuló cargos contra el concejal por el delito de desobediencia a una orden judicial en contexto de violencia de género, una figura que no solo agrava la situación penal, sino que además lo deja en una posición comprometida tanto ante la Justicia como en el plano político.
Además, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares estrictas: D’Amico no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio ni a menos de 100 metros de la víctima, y deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de acto molesto o reclamo por fuera de las vías legales. Todo esto por un plazo de cuatro meses, en un intento claro de proteger a la mujer y evitar nuevos episodios.
Por su parte, la Defensa Pública no presentó objeciones ni a los cargos ni a las restricciones impuestas, un dato que no pasó desapercibido en la audiencia. No obstante, pidió que se permita algún tipo de comunicación entre las partes exclusivamente por cuestiones vinculadas a los hijos menores que tienen en común, planteo que finalmente fue aceptado por el juez.
Finalmente, el juez de Garantías dio por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y resolvió imponer todas las medidas cautelares solicitadas, incorporando la excepción pedida por la defensa. Pero hay un detalle que agrega tensión al caso: se dispuso notificar formalmente al Concejo Deliberante de Cervantes sobre la causa penal en trámite.
