La pelea por la Ley de Tierras volvió a poner a San Carlos de Bariloche en el centro de una disputa nacional. Después de casi tres años de recorrido judicial, la Corte Suprema frenó provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, y devolvió la causa al juzgado donde comenzó todo. Ahora, la decisión sobre la continuidad del reclamo quedará en manos de la Justicia Federal de la ciudad cordillerana.
El movimiento del máximo tribunal llegó después de que el caso del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) fuera rechazado por falta de legitimación activa. Sin embargo, la Corte entendió que el amparo presentado desde Bariloche tenía particularidades que debían analizarse por separado, especialmente por sus fundamentos vinculados con la protección ambiental.
Una causa que pasó años sin respuesta
El expediente se inició a fines de diciembre de 2023 por impulso de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y Lof Futa Anekon, representantes gremiales, vecinos y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionaron la derogación de la Ley 26.737 y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el ambiente y los derechos colectivos.
Pero la causa quedó atrapada en un recorrido judicial que pasó por la Cámara Federal de La Plata y terminó en la Corte Suprema sin que se resolviera el pedido cautelar. Tras el fallo del caso CECIM, los amparistas de Bariloche solicitaron que se aclarara si esa decisión también los alcanzaba y volvieron a reclamar una protección urgente.
La respuesta fue una medida interina. La Corte señaló que el trámite judicial había dejado sin respuesta las peticiones de los demandantes y consideró necesario evitar posibles daños irreparables mientras se analiza el caso. Así, la derogación quedó suspendida provisionalmente, aunque todavía no existe una sentencia definitiva sobre la validez del DNU.
El juez de Bariloche deberá definir el futuro del amparo
La resolución devuelve el expediente a su punto de origen y deja dos cuestiones centrales por resolver: si los demandantes están legitimados para sostener el reclamo y si corresponde mantener la medida cautelar. De esa evaluación dependerá la continuidad de la protección provisoria de la Ley de Tierras.
La decisión fue adoptada por una mayoría integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia: consideró que la Corte no debía dictar la medida interina y propuso remitir la causa a Bariloche sin suspender los efectos del decreto.
Odarda celebró el fallo y ratificó la movilización
Magdalena Odarda, que acompañó a las organizaciones de Bariloche desde el inicio del reclamo, celebró la decisión y destacó las diferencias entre este amparo y el caso CECIM, especialmente por los argumentos ambientales.
"Es una enorme alegría y un triunfo de la lucha colectiva. Desde Río Negro venimos defendiendo esta ley porque sabemos lo que significa para nuestra provincia y para toda la Patagonia", expresó. También destacó el papel de los abogados egresados de universidades públicas que llevaron adelante la presentación.
Sin embargo, la legisladora advirtió que la pelea no terminó. Ratificó la convocatoria a la movilización del 15 de octubre, con la expectativa de que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023.
La Corte puso un freno temporal a la derogación, pero dejó abierta la discusión de fondo. Ahora, el juzgado de Bariloche deberá resolver los puntos que durante años quedaron pendientes. El próximo capítulo de una disputa que atraviesa a toda la Patagonia se jugará en Río Negro.
