La polémica por la derogación de la Ley de Tierras está lejos de haber terminado: organizaciones de Bariloche, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda presentaron un amparo para cuestionar la decisión que dejó sin efecto los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, y la Corte Suprema acaba de reactivar ese expediente con la convocatoria de dos conjueces. El planteo, iniciado en Río Negro contra el artículo 154 del DNU 70/23, podría abrir ahora una nueva discusión en el máximo tribunal después del fallo que rechazó la acción del CECIM por falta de legitimación.
La historia tiene su origen en Bariloche y viene de bastante antes de la reciente resolución de la Corte. El 28 de diciembre de 2023, la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fvta Anekon y otros actores de Río Negro impulsaron la acción judicial para pedir que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del artículo del DNU de Javier Milei que derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El planteo contó con el acompañamiento de Odarda y el patrocinio de los abogados Martín Palumbo y Ernesto Montecino Odarda.
El expediente comenzó a tramitar en la Justicia Federal de Bariloche y luego siguió su camino hasta la Cámara Federal de La Plata. Allí quedó vinculado con la causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que también cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras. Pero mientras aquel expediente terminó llegando primero a la Corte, el planteo rionegrino quedó durante meses en una especie de limbo judicial.
De hecho, la causa estaba en manos del máximo tribunal desde agosto de 2024. Y ese dato no es menor: mientras la discusión pública explotaba después del fallo contra el CECIM, el expediente promovido desde Río Negro llevaba más de dos años esperando una definición. Los amparistas reclamaron entonces que la Corte aclarara si su decisión también alcanzaba a esta causa o si, por el contrario, el planteo debía continuar por separado.
El reclamo rionegrino tiene, además, una diferencia jurídica que sus impulsores consideran fundamental. Mientras el CECIM había fundamentado su legitimación en la defensa de la soberanía territorial, Árbol de Pie, las comunidades indígenas y los demás amparistas invocaron derechos colectivos vinculados con la protección ambiental, el agua y los territorios ancestrales de los pueblos originarios. Por eso sostienen que el rechazo de la acción del CECIM no puede trasladarse automáticamente a su expediente.
La presentación tomó nuevo impulso después del polémico fallo del 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal entendió que el CECIM no tenía legitimación para promover ese reclamo y, con esa decisión, volvió a quedar vigente la derogación impulsada mediante el DNU 70/23.
Pero los representantes de Río Negro no se quedaron mirando. Presentaron ante la Corte un pedido de aclaratoria para que se precisara qué ocurría con su propia causa y remarcaron que sus derechos y fundamentos nunca habían sido analizados en el expediente del CECIM. En otras palabras, plantearon que la Corte no podía cerrar una causa que tiene actores distintos y argumentos jurídicos diferentes.
Y la respuesta llegó con un dato que volvió a sacudir el expediente. La Corte decidió avanzar sobre el planteo y determinó que debía integrar el tribunal con dos conjueces porque sus tres integrantes -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- no alcanzaron un acuerdo para resolverlo. El sorteo de ayer terminó con la designación de Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Así, la causa que nació en Bariloche vuelve a ocupar un lugar central en una discusión que parecía cerrada. La Corte deberá determinar ahora qué alcance tiene el fallo contra el CECIM y qué camino corresponde darle al amparo promovido desde Río Negro. Entre las alternativas aparece devolver el expediente a la Justicia Federal para que continúe su trámite o avanzar sobre la medida cautelar solicitada por los amparistas.
El dato político y judicial es fuerte: la pelea por la Ley de Tierras no terminó con el fallo contra los excombatientes. Hay otra causa, nacida en Río Negro, con otros actores y otros argumentos, que ahora quedó nuevamente frente a la Corte. Y detrás de esa discusión aparece una pregunta de fondo que todavía no tiene una respuesta definitiva: qué alcance constitucional tiene la derogación de los límites que durante años restringieron la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
