En la causa contra la médica trucha Mariela Fernanda Marzano, la Fiscalía aseguró que los títulos y documentos presentados por la mujer “son todos falsos”, además de que nunca fue a Venezuela, donde dice haberse recibido. Con esa justificación las fiscales Teresa Giuffrida y Celeste Benatti solictaron formalmente que la causa pase a la Justicia Federal. Es que el legajo avanzó y ya no apunta solamente al ejercicio ilegal de la medicina, sino a una presunta maniobra de falsificación mucho más amplia.
La audiencia se desarrolló en medio de una enorme expectativa porque el caso ya provocó un fuerte impacto en el sistema de salud del Alto Valle. Según expuso Giuffrida, ante la jueza, la investigación permitió determinar que el supuesto título de médica expedido por la Universidad de Los Andes, en Venezuela, no tendría validez alguna. Pero además, la fiscal Jefa fue todavía más lejos y sostuvo que también son falsas una resolución del Ministerio de Educación de Nación vinculada a la convalidación del diploma y otra documentación presuntamente emitida por la Universidad Nacional del Comahue.
"Estos tres documentos son todos falsos", lanzó la fiscal jefa durante la audiencia, en una frase que cayó como una bomba dentro de la sala judicial.
Además, la acusación incorporó una prueba que complicó todavía más la situación de Marzano. De acuerdo a informes oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, la mujer registra viajes hacia España, República Dominicana y Brasil, pero jamás aparecen ingresos a Venezuela, el país donde aseguraba haber cursado la carrera de medicina.
En ese contexto, Benatti explicó que la propia Universidad de Los Andes informó formalmente el pasado 7 de mayo que Marzano "no cursó" allí y que no existe respaldo académico del título presentado en Argentina. Como si eso fuera poco, también señalaron que el formato del diploma incorporado al expediente no coincide con los documentos oficiales utilizados por la universidad y que incluso el secretario que figura firmando el supuesto título "era otro".
Pero la situación no terminó ahí. La Fiscalía también reveló que desde la Universidad Nacional del Comahue informaron que Marzano "no reviste condición de graduada", que mantiene una "rayectoria académica incompleta" y que la convalidación presentada es inexistente. Incluso, según expusieron las fiscales, también fue falsificada la firma de autoridades universitarias.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la mujer trabajó durante años en distintos centros de salud públicos y privados sin contar con un título habilitante válido. Entre esos lugares aparece Clínica Roca, donde se desempeñó entre octubre de 2020 y febrero de 2026. La investigación también apunta a determinar si existió un perjuicio económico para el Estado provincial por el cobro de salarios como médica en el hospital público.
Además, la causa se volvió todavía más delicada porque se incorporaron legajos vinculados con pacientes fallecidos que habrían sido atendidos por Marzano. Por esa razón, el expediente comenzó a crecer de manera acelerada y ya se convirtió en uno de los escándalos más sensibles de Río Negro. En caso de que se compruebe que no es médica, esas causas de muerte no serían mala práxis y si homicidios culposos por el ejercicio ilegal de la medicina.
Por el otro lado, la defensa de la médica, encabezada por el abogado Oscar Pineda, volvió a cuestionar duramente el avance de la investigación. El letrado insistió en que todavía no existe formulación de cargos concreta y remarcó que la Fiscalía no precisó "circunstancias de tiempo, modo y lugar" sobre los hechos atribuidos a su defendida.
Asimismo, Pineda reclamó nuevamente que se levanten las restricciones impuestas contra Marzano, entre ellas la tobillera electrónica y la inhibición de bienes. Sin embargo, la jueza decidió no resolver todavía ni el planteo de incompetencia ni los pedidos de la defensa.
Finalmente, se informó que la resolución judicial será comunicada el próximo 26 de mayo a las 20:30. Allí se definirá si la causa sigue en la Justicia provincial o pasa definitivamente al fuero Federal, en medio de un expediente que no deja de sumar sospechas, documentos cuestionados y acusaciones gravísimas.
