La mujer de 42 años, denunciada por el Ministerio de Salud de Río Negro, por ejercer la medicina durante años con un título trucho, quedó en libertad, pero con tobillera electrónica y bajo un fuerte control judicial. La causa se inició luego de que se obtuvieran confirmaciones de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad de los Andes de Venezuela sobre la falsedad de los títulos presentados para lograr la matricula profesional provincial, que le permitía desarrollar la profesión en instituciones públicas y privadas.
La decisión la tomó este jueves la jueza de Garantías Natalia González, tras una audiencia caliente en los Tribunales de Roca. Si bien la magistrada dejó en claro que rige la presunción de inocencia y que aún "no hay certezas", también advirtió que el caso recién empieza y que existen riesgos concretos, especialmente de fuga.
Por eso, aunque no ordenó la detención, impuso un combo de medidas que no pasan desapercibidas: tobillera electrónica con GPS, prohibición de salir del país, obligación de informar cada movimiento y una inhibición total de bienes. Todo, al menos, hasta octubre de 2026.
Pero lo que realmente enciende las alarmas está detrás del expediente. Según la Fiscalía, la mujer habría ejercido medicina entre 2020 y 2026 utilizando documentación apócrifa. Títulos atribuidos a una universidad de Venezuela y una supuesta revalidación de la Universidad Nacional del Comahue están ahora bajo sospecha.
Es decir: durante años atendido pacientes, firmado recetas y ocupado roles médicos sin contar con la formación necesaria. Un escenario que abre interrogantes inquietantes sobre el control en el sistema de salud.
Además, la causa no se queda solo en el ejercicio ilegal. Los fiscales apuntan a delitos graves como falsificación de documento público, uso de documentación falsa y hasta una posible defraudación contra el Estado, una línea que todavía se está investigando y que podría escalar el caso a otro nivel, teniendo en cuenta que trabajó en el Hospital Francisco López Lima de Roca.
Durante los allanamientos realizados en Roca esta semana, los investigadores secuestraron sellos, recetarios, medicación, dispositivos electrónicos y una pila de documentación que ahora será clave. Todo ese material podría confirmar o desmoronar la hipótesis de un engaño sostenido en el tiempo.
En la audiencia, la defensa intentó frenar las medidas más duras. Argumentó que la mujer tiene arraigo, familia, domicilio fijo y una hija, y que la tobillera era excesiva. Pero la jueza fue tajante: entendió que el riesgo existe y que el control es necesario.
Mientras tanto, la investigación seguirá su curso durante al menos seis meses. Aún no hay aún formulación de cargos, pero el expediente crece y suma capítulos.
"Médica"
Más de media hora después del horario programado, la puerta del asensor en el que trasladan los presos se abrió y apareció en el subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca, Mariela Fernanda Marzano apareció entre dos mujeres policías bastante más altas que ella. Pelo recogido con un rodete superior, anteojos grandes blancos, zapatillas sin cordones, pantalón suelto y una tobillera electrónica en la pierna izquierda.
Junto con su abogado caminó hacia el lugar reservado para los acusados. Se sentó y esbozó una sonrisa cuando una policía se acercó para sacarle las esposas. La jueza González comenzó con las preguntas obligatorias de rigor. Contestó su nombre completo, que tiene 42 años y que nació en Allen. "A qué se dedica", consultó la jueza de Garantías, y la respuesta de Marzano fue contundente, aunque con un volumen muy bajo: "médica", dijo ante el murmullo generalizado de todos los que estaban en la Sala 6 de audiencias.
