Un megaoperativo contra la ciberpedofilia se desplegó en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires con 121 allanamientos simultáneos en más de 15 localidades del distrito. Se trata de la séptima edición de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias, coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General, junto a fiscales especializados del Ministerio Público bonaerense.
Los procedimientos se desarrollaron en Zárate, Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Chivilcoy, Necochea, Pinamar, Bragado y Trenque Lauquen, entre otras localidades. El operativo apuntó a desbaratar redes de agresores sexuales y frenar la proliferación del abuso sexual infantil en línea, incluyendo la distribución y tenencia de material de abuso, su posible producción y el grooming, es decir, el acoso sexual a menores a través de plataformas digitales.
Como resultado de los procedimientos, hay 111 personas investigadas: 106 hombres y cinco mujeres. Uno de los datos más alarmantes del operativo es que entre los investigados se encuentran dos menores de 18 años que habrían compartido material de abuso sexual infantil. Además, durante los allanamientos se identificaron 37 menores de edad que convivían con los imputados y se detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. Uno de los domicilios allanados fue el interior de una unidad carcelaria, donde algunos de los investigados ya se encontraban privados de su libertad por delitos de abuso sexual infantil.
El material secuestrado durante los operativos da cuenta de la magnitud de la investigación. Los efectivos incautaron 165 teléfonos celulares, 80 computadoras y 160 dispositivos de almacenamiento, además de dos armas de fuego. Sobre los elementos digitales se realizaron 31 análisis forenses preliminares para identificar el contenido almacenado y avanzar en la reconstrucción de las redes investigadas.
Esta séptima edición del operativo reafirma el trabajo sostenido de la Justicia bonaerense en la persecución de este tipo de delitos, que en los últimos años escalaron en volumen y complejidad a medida que la actividad se trasladó cada vez más al entorno digital. La coordinación entre fiscales especializados y fuerzas de seguridad permitió actuar de manera simultánea en distintos puntos del territorio provincial, minimizando la posibilidad de que los investigados pudieran destruir o hacer desaparecer evidencia.
