La fiscalía descentralizada de Río Colorado avanzó con fuerza en una causa estremecedora: reformuló cargos contra una médica tocoginecóloga y un licenciado en obstetricia por la muerte de un bebé durante un trabajo de parto en el hospital público local. La nueva acusación no solo apunta a una presunta mala praxis, sino que incorpora un elemento aún más grave: un contexto de violencia obstétrica que habría agravado una situación ya crítica.
El hecho, según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, ocurrió el 17 de junio entre las 8 y las 13, en plena sala de partos del hospital José Cibanal. La mujer atravesaba un trabajo de parto avanzado cuando quedó bajo la atención directa del profesional imputado. En ese momento, siempre de acuerdo a la acusación, se habrían aplicado maniobras "expresamente desaconsejadas", alejadas de los protocolos médicos actuales y de las recomendaciones internacionales para este tipo de situaciones. No se trata de un detalle menor: para la fiscalía, esas decisiones fueron determinantes.
Pero además, el cuadro se vuelve todavía más oscuro. Es que el fiscal también describió un trato hostil hacia la paciente, en presencia de su pareja. Esa conducta no quedó solo en lo humano: fue encuadrada como violencia obstétrica, una figura cada vez más relevante en el ámbito judicial. Es decir, no solo se analiza qué se hizo mal desde lo técnico, sino también cómo se trató a la mujer en un momento de extrema vulnerabilidad.
Como consecuencia de ese escenario, el desenlace fue fatal. El bebé por nacer sufrió un cuadro crítico que terminó en su muerte. Y ahí aparece otro punto clave de la investigación: la responsabilidad compartida. Porque en la sala también estaba la médica tocoginecóloga, quien, según la acusación, presenció lo que ocurría pero no intervino.
En ese sentido, la fiscalía fue contundente. A la profesional se le atribuye una "comisión por omisión", una figura que en términos simples implica que tenía el deber de actuar para evitar el desenlace y no lo hizo. Esa inacción, sostienen los investigadores, también contribuyó al resultado final.
Por eso, tras avanzar en la investigación, el equipo fiscal decidió reformular los cargos y endurecer la imputación. Ahora, el licenciado en obstetricia enfrenta una acusación por homicidio culposo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un contexto de violencia obstétrica. Mientras tanto, la médica está imputada por homicidio culposo por omisión, bajo la misma figura de incumplimiento funcional.
Finalmente, el juez de Garantías avaló la reformulación y resolvió mantener las medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país. Un dato que no pasa desapercibido: la causa no solo sigue firme, sino que suma peso judicial.
Así, lo que empezó como una intervención médica terminó convertido en un caso que sacude al sistema de salud: una muerte, dos profesionales bajo la lupa y una acusación que mezcla negligencia, omisión y violencia en uno de los momentos más sensibles de la vida.
