El próximo viernes 24 de julio se realizará la audiencia en la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén analizará el pedido para dejar sin efecto la prisión domiciliaria otorgada a J. R., condenado por un jurado popular por delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La Fiscalía y la querella buscan que se restablezca la prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el abogado querellante Carlos Caroselli explicó que tanto el Ministerio Público Fiscal como la representación de la víctima presentaron recursos extraordinarios contra la resolución del Tribunal de Impugnación que permitió que el condenado cumpla la pena bajo modalidad domiciliaria.
“La Fiscalía presentó el pedido por escrito el día viernes. Nosotros lo presentamos este lunes y el planteo se hace ante el Tribunal Superior de Justicia para que él mismo resuelva. El tribunal designó audiencia para el día 24, a las 10”, señaló Caroselli.
El abogado adelantó que la estrategia de la querella estará centrada en cuestionar la decisión que habilitó la prisión domiciliaria, al considerar que no contempló de manera adecuada los derechos de la víctima. “Vamos a intentar dar vuelta esta resolución del Tribunal de Impugnación, porque nos parece demasiado estricta, demasiado formal”, afirmó.
Según Caroselli, la resolución cuestionada no tuvo en cuenta el principio de tutela judicial efectiva para la víctima, que implica garantizar no solo el desarrollo de la investigación y una sentencia, sino también condiciones que permitan que esa decisión judicial pueda cumplirse.
“Estamos hablando de una resolución judicial que no tiene en cuenta la tutela judicial efectiva de la víctima. Esto es asegurarle a la víctima que cuando hace una denuncia efectivamente se lleva adelante la investigación, que tengamos una sentencia justa y que esa sentencia en algún momento se cumpla”, sostuvo.
En ese sentido, el abogado planteó que el fallo del Tribunal de Impugnación no incorporó una mirada con perspectiva de género. “Debería prever una tutela judicial efectiva reforzada a la víctima, permitir medidas cautelares que aseguren su bienestar y que no corra peligro su vida, cuestión que el Tribunal de Impugnación no ha tomado en cuenta en lo más mínimo”, expresó.
Cuestionó los fundamentos del Tribunal de Impugnación
Caroselli también cuestionó los fundamentos utilizados para otorgar la prisión domiciliaria y aseguró que la sentencia fue arbitraria. “Buscando palabras sacramentales dentro de la resolución, que en definitiva ya estaban en las resoluciones de los jueces Pica y Cristo y del Tribunal de Revisión”, explicó.
Para el querellante, esas fundamentaciones ya estaban incorporadas en las resoluciones previas. “El Tribunal de Impugnación tendría que haber revisado y escuchado las resoluciones, tanto lo que había escrito el Tribunal de Revisión como las anteriores, y ahí estaba toda la fundamentación que ellos esperaban encontrar”, sostuvo.
Además, destacó que el planteo de la Fiscalía y el de la querella coinciden en el objetivo de revertir la decisión. “La Fiscalía hizo su trabajo y presentó el escrito el día viernes. Yo presenté el escrito el día lunes y, en definitiva, lo que estamos diciendo tanto la Fiscalía como nosotros es exactamente lo mismo: estamos atacando una resolución que a nuestro entender es arbitraria”, afirmó.
La audiencia estará a cargo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, que deberá resolver si hace lugar al pedido de restablecer la prisión preventiva o si mantiene la modalidad domiciliaria.
En caso de que el TSJ confirme la prisión domiciliaria, Caroselli explicó que también deberán analizarse las condiciones del lugar donde J.R. cumpliría la medida.
“Tenemos que ver el lugar que ellos designen como domicilio y hacer una inspección para ver si reúne las condiciones como para que una persona pueda cumplir la prisión domiciliaria sin ningún inconveniente”, indicó.
Según explicó, esa definición quedará supeditada a lo que resuelva el máximo tribunal provincial. “Eso lo vamos a decidir el viernes, después de que tengamos la resolución del Tribunal Superior de Justicia. En el caso de que no haga lugar a nuestro pedido de prisión preventiva y confirme la prisión domiciliaria, ahí sí estaríamos viendo en qué lugar se iría”, agregó.
El reclamo tras la condena
El pasado 1 de julio, un jurado popular integrado por doce ciudadanos declaró culpable por unanimidad a J.R., luego de considerar acreditada la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la querella.
De acuerdo con la investigación, el condenado abusó sexualmente de la víctima desde que era niña y continuó con las agresiones hasta su adultez. Los hechos ocurrieron en distintos lugares, entre ellos la vivienda donde convivían, oficinas de empresas vinculadas al acusado, hoteles durante viajes y un camión de transporte de mercadería.
Respecto del escrache que se produjo luego de conocerse la condena, Caroselli señaló que comprende la reacción social, aunque advirtió sobre las consecuencias para la privacidad de la víctima.
“Yo solamente me he manejado con la información que aparece en los medios. Es la reacción de la gente, es natural. Si yo fuera papá tal vez hubiera hecho lo mismo. Aunque en definitiva nos perjudique porque identifica al victimario y se identifica a la víctima, que es lo que nosotros no queríamos”, expresó.
Finalmente, el abogado querellante manifestó confianza en el resultado de la audiencia del viernes: “Estamos muy confiados en que efectivamente el Tribunal Superior de Justicia va a dar vuelta este fallo”.
