El joven gitano neuquino detenido cuando quiso cobrar el saldo de la venta de una Toyota Hilux robada, fue acusado por la justicia como coautor en una estafa millonaria contra una pareja de Cipolletti. Sin embargo y pese a los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y a haber brindado una identidad falsa cuando quedó tras las rejas, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, y sólo le impuso una tobillera electrónica, prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas y presentaciones quincenales ante la Fiscalía.
La causa comenzó con una operación a través de Faccebook, pero terminó convertida en una investigación penal. La pareja había acordado a través de redes sociales la adquisición de una Toyota Hilux por 35 millones de pesos y llegó a entregar 23 entre efectivo y transferencias. El problema apareció cuando intentaron avanzar con la transferencia y descubrieron que la documentación de la camioneta era falsa.
Y había algo todavía más grave: la Policía constató que la Hilux tenía las patentes adulteradas y un pedido de secuestro vigente por un robo a mano armada ocurrido en Mendoza. Es decir, los compradores no solamente habían entregado una fortuna por un vehículo con papeles falsificados, sino que además habían recibido una camioneta que estaba vinculada a un hecho delictivo.
Sin embargo, quienes habían concretado la operación aparentemente no sabían que el engaño había quedado al descubierto. Y ahí apareció el dato que terminó desencadenando el procedimiento policial. El supuesto vendedor reclamó el dinero que todavía faltaba pagar y envió al ahora imputado a buscar 12 millones de pesos a un comercio ubicado sobre calle Naciones Unidas propiedad de las víctimas.
Lejos de entregar el dinero, la pareja defraudada ya habían alertado a la Comisaría 24° del barrio Don Bosco. El joven llegó al lugar para concretar el cobro y terminó detenido. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, al momento del procedimiento se identificó con un nombre falso, un elemento que fue incorporado por la Fiscalía al momento de fundamentar la existencia de riesgos procesales.
Después de ser detenido, el acusado dio su propia explicación. Sostuvo que había sido contratado para ir a cobrar el dinero y que por esa tarea recibiría 100 mil pesos. Pero cuando llegó el momento de explicar quién lo había enviado, la respuesta no permitió avanzar demasiado en la investigación: no aportó datos concretos sobre la persona o las personas que supuestamente lo contrataron.
Ese punto fue uno de los elementos considerados por el fiscal Martín Pezzetta al solicitar la prisión preventiva. La Fiscalía sostuvo que existen otros involucrados en la maniobra y que el acusado los conoce, por lo que su libertad podía generar un riesgo de entorpecimiento de la investigación. La defensa, en cambio, cuestionó la acusación y sostuvo que no estaba acreditada la participación de su asistido en la estafa. Desde esa postura, pidió que recuperara inmediatamente la libertad.
Finalmente, la jueza Sánchez Merlo tomó una decisión que dejó al acusado fuera de una celda, aunque con fuertes restricciones. La magistrada tuvo por formulados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria, pero no dispuso la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Eso sí: la libertad no fue sin condiciones. La jueza ordenó que el imputado utilice un dispositivo de rastreo satelital, además de prohibirle acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y de su domicilio. También le impuso una prohibición total de contacto por cualquier medio y la obligación de presentarse cada quince días en la sede de la Fiscalía.
Así, mientras la investigación intenta determinar quiénes estuvieron detrás de la millonaria operación y cuál fue exactamente el papel de cada uno, el joven neuquino seguirá el proceso en libertad, pero bajo monitoreo electrónico y con una serie de restricciones judiciales.
