La Justicia dio un nuevo paso en una de las causas más delicadas que atravesó un Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de Roca. El Tribunal declaró responsable penal a la ex auxiliar asistencial Marianella Natalia Arratia por amenazas coactivas continuadas, al considerar probado que intimidó a niños y niñas institucionalizados para impedir que denunciaran los maltratos que sufrían por parte de otro auxiliar ya condenado: Víctor Hugo Valeria. Con esta resolución, la investigación ya tiene a sus dos responsables penales y solo resta definir la pena que recibirá la mujer.
La sentencia representa el cierre de la etapa de determinación de responsabilidades en un expediente que expuso una realidad estremecedora: quienes tenían la obligación de cuidar y contener a chicos atravesados por situaciones de extrema vulnerabilidad terminaron sentados en el banquillo de los acusados por maltratos. Según acreditó la Fiscalía durante el juicio, las amenazas tenían un objetivo claro: mantener en silencio a las víctimas y evitar que salieran a la luz los hechos que ocurrían puertas adentro del establecimiento.
La investigación determinó que los episodios se extendieron entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Durante ese período, Arratia y el otro auxiliar involucrado, Víctor Hugo Valeria, sometieron a ocho niños y niñas alojados en el dispositivo y los amenazaban para que no contaran lo que sucedía. Para el Tribunal, la prueba presentada durante el debate fue suficiente para tener por acreditada la participación de la ex trabajadora en esos hechos.
La causa comenzó cuando la coordinadora institucional del CAINA presentó una denuncia al advertir situaciones de violencia contra los menores. A partir de esa presentación, el Ministerio Público Fiscal reunió una extensa prueba que incluyó testimonios de operadores, informes técnicos, entrevistas realizadas en Cámara Gesell, pericias del Cuerpo de Investigación Forense y otras evidencias que finalmente sostuvieron la acusación durante el juicio oral.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que Arratia fuera declarada responsable penal por amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. El Tribunal compartió esa postura y rechazó el planteo de la defensa particular, que insistía en que los hechos debían ser tratados únicamente como una falta administrativa y no como un delito.
La causa ya había registrado un antecedente determinante en noviembre de 2025. En esa oportunidad, Víctor Hugo Valeria admitió su responsabilidad mediante un juicio abreviado y arregló una pena menor de apenas 3 años de prisión sin ir a la cárcel. Además, reconoció haber cometido un abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda contra una adolescente alojada en el mismo CAINA.
Por ese acuerdo, Valeria recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública, su incorporación al Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (Reprocoins) y reglas de conducta por el plazo de tres años.
Ahora, con la responsabilidad penal de Arratia ya establecida, el expediente entra en su tramo final. La audiencia de cesura fue fijada para el 31 de agosto, cuando la Justicia debatirá cuál será la pena que deberá cumplir la ex auxiliar, en un caso que dejó al descubierto graves hechos ocurridos dentro de un espacio creado precisamente para brindar protección, contención y resguardo a niños y adolescentes.
