Debía cuidar y proteger a niñas y niños institucionalizados. Hoy se sienta en el banquillo, esta acusada de haber amenazado de manera sistemática a ocho menores de entre 1 y 5 años, institucionalizados en el CAINA de Roca. Entre 2021 y 2023, la empleada estatal imponía el miedo para que guardaran silencio sobre los maltratos que sufrían. La fiscalía la señala como coautora junto al celador Víctor Hugo Valeria, condenado en noviembre pasado a tres años de prisión condicional, por lo que permanece en libertad.
El caso vuelve a estremecer a la comunidad roquense. No se trata de un episodio aislado: la acusación describe un patrón de violencia y coerción sostenido durante más de dos años dentro de una institución que debía proteger a los más vulnerables. La mujer, auxiliar asistencial, fue parte activa de ese engranaje de miedo, reforzando las amenazas que Valeria ya reconoció en sede judicial.
En sus alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca detallaron cómo los imputados intimidaban a los chicos para que callaran. La acusación es contundente: se violó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, exponiendo a los menores a un clima de terror dentro del propio espacio de cuidado.
Las pruebas que se desplegarán en el juicio son múltiples y de peso: denuncias de la Coordinadora Institucional, informes de operadores que escucharon los relatos de los niños, la intervención de la psicóloga del CAINA, el acompañamiento de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), y las Cámaras Gesell realizadas por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense. Cada testimonio apunta a demostrar que la auxiliar no fue una simple espectadora, sino una coautora activa de las amenazas.
Por su parte, la defensa intenta minimizar la acusación, alegando que se trata de una “falta de orden administrativo”. Un argumento que choca de frente con la gravedad de los hechos y con la indignación social que aún persiste tras la polémica condena condicional otorgada al celador abusador.
El juicio continuará hasta el jueves, cuando se definirá si la mujer es penalmente responsable. La expectativa es enorme: la sociedad observa con atención si esta vez la Justicia impondrá una sanción ejemplar o si, nuevamente, la impunidad marcará el destino de quienes debían proteger a los niños.
