La investigación por el escándalo en la Ciudad Judicial de Roca sumó un dato tan preciso como inquietante: son más de cien las armas que desaparecieron y estaban guardadas en una oficina del mismo piso donde trabajan los jueces. Un espacio clave dentro del edificio que por organización interna no utilizaba los lugares previstos en el subsuelo. Trascendió que hay tres empleados sumariados, pero no sucedió lo mismo con los funcionarios jerárquicos que debían controlar.
Una oficina con puerta ciega que pasa desapercibida para cualquier persona que transita el octavo piso de la Ciudad Judicial de Roca, funciona el depósito de secuestros judiciales. Allí se concentra material sensible que sirven de pruebas en causas penales. Ahí se guardan armas de fuego, celulares, computadoras y hasta ropa interior vinculada a investigaciones por abuso sexual. Todo bajo custodia del Poder Judicial. Sin personal policial y a un pasillo de pormedio de los despachos donde se toman decisiones clave. La ubicación no es casual: está a un piso arriba de la Oficina Judicial, que necesita esos elementos a mano para audiencias y pericias.
Pero ese circuito que debía ser ágil terminó mostrando su punto más débil: los controles. El último arqueo general se había realizado en 2023. Desde entonces, nadie detectó que faltaba un arsenal. No fueron extravíos aislados: son más de cien armas que se esfumaron dentro de un edificio que debería ser sinónimo de resguardo.
En las últimas horas se confirmó el apartamiento de tres empleados que cumplían funciones en esa oficina. Se los allanó y boyan dentro del edificio judicial sin designación de nuevas tareas. La lupa se posa sobre personal de menor rango, mientras no hay confirmaciones oficiales sobre responsabilidades jerárquicas de funcionarios muy bien pagos en la cadena de custodia. Un dato que incomoda, porque los controles no dependen solo de quienes manipulan los elementos, sino también de quienes deben supervisar.
Puertas adentro del ámbito judicial y en particular del selecto mundo de los jueces, el caso genera en un problema estructural. La desaparición masiva de armas dentro del propio Poder Judicial expone una falla grave en el sistema de resguardo de pruebas. Y mientras la investigación avanza, crece la sospecha de que el escándalo podría escalar: porque las armas no desaparecen solas ni de un día para otro. Sin dudas se trata de una maniobra organizada y repetida en el tiempo de la que las autoridades no deberían estar ajenas.
Un tiroteo con un arma secuestrada
El hecho se conoció hace una semana, pero el escándalo se desató hace un tiempo, cuando en un tiroteo en la zona norte de Roca, la Policía de Río Negro halló una de las armas utilizadas. Al llegar la prueba a la fiscalía correspondiente y cargar los datos en el sistema informático, surgió que esa pistola había estado involucrada en un delito y ya estaba resguardada en el depósito judicial. El hecho encendió las alarmas y se ordenó un arqueo. Al tiempo que los dos empleados que trabajan en esa oficina del octavo piso fueron sumariados.
La única comunicación oficial emitida llegó desde el Ministerio Público de Río Negro, que confirmó la irregularidad con una sola arma. Sin embargo con el paso de los días la situación se agravó porque trascendió que el número es mucho más alto y que no se trata de un caso aislado. Sin embargo no hubo ninguna gacetilla de prensa que aclare la situación y menos por parte del Poder Judicial, encargado del resguardo de las pruebas.
