Un automovilista fue condenado a pagar más de 142 millones de pesos por un siniestro vial ocurrido sobre calle Riccheri en Neuquén capital y en el cual resultó lesionado un hombre que circulaba en moto.
La sentencia del juez civil Javier Alarcón se basó en la pericia accidentológica y la ponderación de la incapacidad sobreviniente del demandante producto de las lesiones sufridas.
Según la División Accidentología Vial de la Dirección de Tránsito de la Policía de la Provincia y el perito designado en el expediente, el hombre circulaba por calle Riccheri con sentido Oeste-Este y, al arribar a la intersección con calle Rosa Alaniz, giró a la izquierda y colisionó a una motocicleta conducida por la víctima, que se desplazaba por la misma arteria en sentido contrario.
Por el impacto el motociclista sufrió politraumatismos y fue derivado al hospital regional en primer término y luego trasladado a una clínica privada. Sufrió fracturas multifragmentarias en tres sectores de tibia y peroné izquierdos. Permaneció un periodo prolongado con tutor externo, y luego se le realizó una cirugía para colocación de barras de estabilización.
Qué sostuvo el fallo
El juez explicó que el conductor debió probar la existencia de una causa ajena que lo exonere de responsabilidad. Sin embargo, “ningún elemento permite inferir la existencia de culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder."
Por otra parte, señaló que en los casos en los en que se reclaman daños y perjuicios, se debe analizar la indemnización como una deuda de valor, “un valor abstracto, que será medido en dinero”.
La determinación de la indemnización
Agregó que aunque el demandante haya solicitado una suma dinero, lo que se reclama es la reparación. Para fijarla, el magistrado ponderó las lesiones físicas y psíquicas en dos dimensiones: “La disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas, que son aquellas que realiza con miras a obtener retribuciones de terceros”, y la imposibilidad de ejecutar “actividades económicamente valorables que lo obligan a contratar quien lo sustituya”.
Para definir el monto de la condena, los parámetros que tuvo en cuenta fueron la incapacidad del 33% y los ingresos del demandante, los gastos médicos que debió afrontar, los tratamientos médicos futuros y el daño moral.
