Un joven de 18 años fue declarado responsable penal por un homicidio agravado por arma de fuego en exceso de legítima defensa, pero no irá preso: tras haber confesado el hecho y completar un proceso tutelar con resultados positivos, la Justicia resolvió eximirlo de la pena.
Todo ocurrió la mañana del 1 de febrero de 2025 en una vivienda de calle Giachino, luego de una noche marcada por el consumo de alcohol y drogas. Allí, según se reconstruyó, la víctima, también de 18 años, intentó dispararle al entonces adolescente de 17, pero el arma no salió. En ese instante, el joven logró quitársela y respondió con disparos que terminaron con la vida del otro chico.
Sin embargo, lo más inquietante llegó después. Durante meses no hubo denuncia ni búsqueda alguna, hasta que el propio adolescente, atravesado por la angustia, decidió contar lo ocurrido. Primero lo hizo ante operadores de SENAF y luego formalizó su confesión en la fiscalía, aportando datos clave que permitieron encontrar el cuerpo e incluso acceder a sus redes sociales para reconstruir los hechos.
A partir de allí, la investigación avanzó con pruebas contundentes. La autopsia confirmó la causa de muerte y el tiempo del fallecimiento, mientras que una pericia odontológica permitió identificar los restos. Además, se sumaron informes psicológicos, historias clínicas y registros de organismos estatales que dieron cuenta de un contexto de extrema vulnerabilidad, abandono familiar y un fuerte cuadro de estrés postraumático.
En paralelo, el joven fue sometido a un tratamiento tutelar, tal como establece la ley vigente para menores de edad. Y en ese proceso, según destacaron tanto la fiscalía como la defensa, mostró una evolución significativa: sostuvo encuentros semanales, respetó las medidas impuestas y manifestó un arrepentimiento constante. Incluso, fue él mismo quien impulsó que el hecho saliera a la luz, en una confesión que resultó clave para esclarecer el crimen.
“El trabajo realizado ha dado frutos y tenemos una evaluación favorable” por lo cual “respetando los estándares vigentes tanto nacionales como internacionales, consideramos que la imposición de pena podría acarrear un efecto negativo. La finalidad de la resocialización se ha podido evaluar de manera positiva”, concluyó el defensor.
Finalmente, con todos estos elementos sobre la mesa, las partes acordaron un juicio abreviado: se reconoció su responsabilidad penal, pero se resolvió no imponerle una pena. El juez adelantó que la sentencia saldrá en los términos ofrecidos por las partes.
