El blindaje esta posibilitando que los principales jugadores petroleros muevan sus fichas en el tablero de Vaca Muerta. Es que el objetivo primordial que persiguen las empresas que se ubican en esta zona es terminar con los conflictos y las protestas para evitar que perjudiquen las inversiones.
Este pedido viene desde hace mucho tiempo, pero la novedad salió de la reunión sostenida entre el fiscal genera de la provincia José Gerez junto a Alejandro Díaz, CEO de AmCham (la cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), y Martín Kaindl, director de relaciones institucionales del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Allí evaluaron incluir una nueva figura en el Código Penal que contemple un blindaje que morigere las protestas en Vaca Muerta. Por ahora, 16 gremios se comprometieron a evitar por todos los medios que sus demandas no afecten a la zona.
Uno de los referentes de la comunidad Mapuche, Jorge Nahuel, dio su punto de vista sobre el tema y sostuvo: "Me parece que hay otros aspectos de las recomendaciones del comité de ONU que está ligado a las amenazas y violencia contra la defensa de los Derechos Humanos a los indígenas y eso se refleja en las causas abiertas, en la criminalización, la militarización a través de gendarmería nacional alrededor de las comunidades. Le recomienda al gobierno que realice una política integral para preservar los derechos".
La relación con las comunidades originarias y las disputas territoriales es uno de los ejes centrales que se discute en la Mesa de Vaca Muerta a la cual están sentados actores que representan a las compañías de servicio, operadoras, sindicatos, funcionarios nacionales y provinciales, cámaras empresariales e intendentes