La justicia garantizó la carrera universitaria de un joven

Con muchísimo esfuerzo y el apoyo de un maestro integrador, una joven que padece un retraso mental no especificado, logró su título de la secundaria y decidió ingresar a la universidad.

Sin embargo, se encontró con el problema de que la obra social de los trabajadores del Estado de la provincia de Río Negro (Ipross) no le quería seguir cubriendo dicho apoyo.

Entonces fue a la Justicia y, ahora, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la sentencia con que la Cámara del Trabajo de Bariloche había ordenado la continuidad de la cobertura.

Fuentes judiciales contaron que la Fiscalía de Estado había apelado con el argumento de que “la ley nacional de prestaciones básicas para las personas con discapacidad, no prevé la figura de maestro integrador universitario”. También con la explicación de que la ley de protección de las personas con discapacidad “no incorpora a la educación terciaria ni universitaria”. Pero su postura fue rechazada por los jueces del STJ.

De hecho, el fallo del Máximo Tribunal dice que “no caben dudas” de que en esta causa se pusieron en juego “derechos de rango constitucional”, como el derecho a la educación, a la igualdad y a la no discriminación de una persona con discapacidad.

Los jueces afirmaron que para garantizar los derechos de las personas con discapacidad no sólo se requieren acciones de enseñanza y aprendizaje, “sino la remoción de barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer derechos de manera efectiva”.

“No basta con declarar los derechos de las personas con discapacidad”, sino que hay que “asegurar su pleno cumplimiento, brindando los dispositivos de apoyo necesarios para cada sujeto”, concluyeron.