POLÍTICA LOCAL
Proponen intimar al Gobernador y una multa por cada día sin clases
Las Defensoras del Niño y Adolescente solicitaron estas medidas para que se arbitren los mecanismos necesarios para garantizar el dictado de clases.
Mientras el gremio ATEN define extender el paro por otra semana y busca atormentar al gobernador Omar Gutiérrez allí donde se presente –pasó este jueves en El Cholar- Defensoras del niño pidieron a la Justicia que se “intime” al Gobernador y la ministra de Educación; y se les aplique una multa de 5.000 pesos por cada día que no haya clases en la provincia por el conflicto.
Las Defensoras del Niño y Adolescente Mónica Palomba, Marcela Robeda, Andrea Rappazzo -I Circunscripción judicial, con cabecera en Neuquén capital- y Paula Castro Liptak -III Circunscripción, Zapala- presentaron la medida “autosatisfactiva” (así se la denomina en la jerga judicial) “a favor de todos los niños/as y adolescentes que se encuentran sin clases en el ciclo lectivo del año 2018 en todos los niveles inicial, primario y secundario”.
Las Defensoras solicitaron que se intime “al gobernador y la ministra de Educación para que arbitren los mecanismos necesarios para garantizar el dictado de clases del presente ciclo lectivo”, y pidieron que “el restablecimiento de las clases sea en un plazo perentorio de 48 horas”.
En el caso de las funcionarias del MPD de la I Circunscripción el pedido de intimación alcanza al pleno del Consejo Provincial de Educación, y acompañaron la presentación con un relevamiento realizado en cada institución en el que se detalla el estado de situación actual.
Las Defensoras de Niño y el Adolescente expresaron que después de 38 días sin clases que lleva el conflicto “consideramos que la etapa prejudicial se encuentra concluida, en tanto -las partes involucradas- cierran cualquier posibilidad de discusión o negociación en el ámbito administrativo previo, es más, es la propia Subsecretaria de Trabajo quien alude que el único remedio es judicial y no otro instrumento jurídico”.
Solicitaron que se fije astreintes y se imponga una sanción conminatoria, equivalente a 5000 pesos por cada día de demora, a partir de la notificación a los responsables de garantizar el derecho a la educación.
