Villa Mascardi está sitiada y hay una orden de desalojo

Aprovechando la presencia del escuadrón de Gendarmería de La Pampa, la Justicia rionegrina ordenó el desalojo del predio del Obispado de San Isidro en Villa Mascardi, que permanece ocupado por la lof Lafken Winkul Mapu. El juez de Garantías Martín Arroyo justificó su decisión al valorar el deterioro de la cabaña Hueche Ruca, aunque aclaró que no tiene que ser “inmediato” y que se deberán seguir los protocolos que incluyen instancias de diálogo, que deberá supervisar el Ministerio Público Fiscal.

La comunidad que encabeza la lonko Betiana Colhual sumó en abril el predio del Obispado de San Isidro a la toma que se inició a mediados de 2017, en terrenos de Parques Nacionales. Esto entendió Arroyo, quien solamente se pudo expedir en relación a este terreno, ya que sobre el resto de las tierras usurpadas son jurisdicción de la Justicia Federal.

Según los detalles brindados en una extensa audiencia de formulación de cargos que duró seis horas, en la que se acusó a otras tres mujeres además de la lonko (María Nahuel, Joana Colhual y  Yéssica Bonnefoi), el Obispado fue despojado de su predio el 1 de abril, donde está construida la cabaña Hueche Ruca. Desde entonces, según el aporte de la querella y el Ministerio Público Fiscal, el lugar fue saqueado por los ocupantes quienes incluso procedieron a la tala de los árboles de la zona sin autorización alguna.

La fiscal Betiana Cendón, reprodujo el testimonio del cuidador de la cabaña quien fue obligado a irse del lugar luego de que su casa fuera agredida por cuatro personas encapuchadas que tiraron piedras contra el techo. Al salir, el hombre fue abordado por cuatro personas que se presentaron como integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu y le exigieron dejar el lugar. Desde entonces, el lugar permanece custodiado por encapuchados que portan armas de fuego. Y describió que en el ingreso hay varias banderas sobre la tranquera, anunciando la posesión de la lof. 

La defensa a cargo de Nelson Vigueras logró desarticular el pedido de captura que había solicitado el abogado del Obispado, porque no cumplieron en notificar en forma individual a las nueve personas señaladas. Y basó su estrategia de defensa en el desconocimiento de identidad de los encapuchados por parte de la fiscalía y sostuvo que las mujeres no cometieron ningún delito por el solo hecho de integrar un grupo.

Cendón pidió restituir en forma urgente el predio y explicó que la Justicia sabe de un “modus operandi” de la comunidad: “La modalidad es siempre la misma, usurpo, robo y quemo”, y marcó que la presencia de la comunidad en Villa Mascardi es “violenta y dañina”.

El Juez aclaró que no se puso en discusión el derecho a la propiedad de las comunidades originarias y dejó en claro a las acusadas que “los derechos legítimos no habilitan a reclamarlos por vías ilegítimas”. E hizo referencia a un reclamo de la comunidad Wiritray, que mantiene presencia histórica en Mascardi y es reconocida por el INAI, ya que el predio del Obispado se encuentra dentro de las 7.000 hectáreas que les otorgó el gobierno nacional.

Entonces, Arroyo valoró el peligro en la demora de la restitución del predio ante el deterioro de la cabaña Hueche Ruca y que la consolidación de la toma podría dificultar aún más el retorno de los dueños. De todas maneras dejó en claro que el desalojo no debe ser inmediato y que se deberán seguir los protocolos que incluyen instancias de diálogo.

Precisamente este diálogo fue el que se acordó durante la tarde del miércoles entre la gobernadora Arabela Carreras y el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, apenas 24 horas después, la Justicia rionegrina dispuso el desalojo, como lo hizo el martes con el predio que mantenía ocupado la lof Gallardo Calfu en El Foyel.

Con la orden de desalojo librada, se intensificó la presencia de fuerzas de seguridad en la ruta 40. Además del escuadrón de Gendarmería dispuesto por la ministra de Seguridad de Nación, Sabrina Frederic, luego del ataque a la gobernadora durante el piquete del martes, hay personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y provincial.

Es importante recordar que la última vez que las fuerzas de seguridad Federales ingresaron al predio de Mascardi, fue en 2017 y terminó con el asesinato del joven Rafael Nahuel por un integrante de Albatros, de Prefectura Naval. En aquel momento, fue la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien decidió enviar a la zona grupo comando.