Ordenaron el desalojo en la toma de Labraña

La jueza Laura González Vitale ordenó el desalojo del asentamiento que se inició el 27 de agosto en un predio de una propiedad privada que está ubicado en el barrio Labraña de Cipolletti. 

De esta manera se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la querella y la fiscalía, en adhesión a los argumentos que expusieron en su momento, luego de fracasar la instancia de mediación como alternativa al conflicto.

Los 150 ocupantes tendrán que abandonar el lugar de forma pacífica en un plazo de 15 días hábiles, para evitar así un desalojo forzoso. Ese plazo comenzará a correr a partir de que la resolución quede firme, ya que puede ser recurrida por la defensa oficial de los imputados.

Desde la defensa confirmaron que apelarán el fallo porque los imputados, si se van de la toma, se quedan en la calle. Advirtieron que puede ser complicado un desalojo en el lugar por el estado de avance que tiene.

La jueza avaló el desalojo porque se reúnen todos los requisitos típicos de la figura penal endilgada, es decir la toma de tierras. Reconoció, además, la verosimilitud del derecho. Incluso, los imputados admitieron que la propiedad usurpada es de Miguel Ángel Kohan. El predio está destinado a la producción y, por lo tanto, no es apto para el desarrollo de un loteo social, donde se pueda acceder a los servicios básicos.

Consideró que el peligro a la demora en realizar el desalojo afecta directamente la actividad laboral de los damnificados, y aquí se incluye a los chacareros lindantes que no pueden certificar la fruta como consecuencia de la toma y se constituyeron en querellantes. Pero también la jueza tuvo en cuenta el peligro que supone la violación de los derechos humanos de los imputados, a la vida, a la salud, a la vivienda digna y a la vida privada.

"Tanto los adultos como los niños y los adolescentes que permanecen en el asentamiento están privados de agua potable, del servicio de energía eléctrica, de instalaciones sanitarias, de la higiene imprescindible en esta época de pandemia por Covid-19, viviendo en condiciones infrahumanas rodeados de basura y desechos de otras personas; y de varias alimañas, entre las cuales mencionaron roedores y culebras", manifestó la jueza.

Aclaró que, aun cuando haya sido cierto que los imputados tomaron posesión del predio en estado de abandono, esta situación no autoriza la comisión del delito que les fuera endilgado. Advirtió, además, que tampoco se le puede achacar al propietario del predio las necesidades que presenten sus ocupantes.

"La situación de vulnerabilidad social y la falta de vivienda no ha sido provocada directamente por el señor Kohan o los restantes damnificados constituidos en querellantes, sino, por el propio Estado en cabeza del poder ejecutivo", señaló

Si la decisión judicial se confirma y los ocupantes no se retiran del lugar, entonces la fiscalía estará a cargo del operativo para desalojar la toma por medio de la fuerza pública, y ante la presencia de autoridades municipales y representantes de la Defensoría del Niño y la Senaf. No podrá realizarse en horario nocturno ni en condiciones climáticas adversas.

"A fin de evitar que la medida cautelar dispuesto mute de un desalojo compulsivo a un desalojo forzoso dejo a cargo de los organismos del Estado municipal y provincial dar protección adecuada a los derechos de las personas y niños allí asentados, ofreciendo alternativas y soluciones habitacionales plausibles", cerró González Vitale.