Un Amparo contra la apertura de pasos fronterizos

El titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra interpuso un recurso de amparo contra el Estado Nacional para que se declare inconstitucional la disposición que autoriza de manera excepcional el tránsito de residentes chilenos por los pasos fronterizos Samoré, Huemules y Austral, hacia la Argentina. Argumentó que la norma de la dirección Nacional de Migraciones atenta contra los derechos de los trabajadores argentinos al trabajo y a la salud, pero también por estar incluido en el grupo con riesgo de contraer coronavirus por su edad.

Chile ha superado ampliamente los 250 mil casos de contagios de coronavirus y las 4.505 muertes desde la declaración de la pandemia.

El dirigente, también senador Nacional por el MPN, presentó un amparo de 90 páginas ante la Justicia Federal para que se declare la nulidad por inconstitucional la disposición 2437/2020 de la dirección Nacional de Migraciones que autoriza “de forma excepcional y a condición de reciprocidad, el tránsito de ciudadanos y residentes en la República de Chile, en tanto que por su nacionalidad y categoría migratoria no precisen visación consular alguna, salvo acuerdos bilaterales vigentes, entre los pasos fronterizos de Cardenal Samoré, Huemules y el Paso Integración Austral, siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas (de coronavirus) y den pleno cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional”.

Señaló que el gremio que representa “propende a la protección y defensa de derechos de incidencia colectiva de todos los trabajadores que se verían afectados en sus derechos, tanto de trabajo, como de salud, por la implementación de la Disposición que se ataca por la presente acción y cuya implementación se pretende evitar en lo inmediato con la medida cautelar requerida por el presente”.

También señaló que presentó el amparo “por derecho propio y en atención a pertenecer a un grupo vulnerable de la sociedad que merece protección especial”.

Según su DNI, Pereyra nació el 25 de junio de 1943, por lo que con sus casi 77 años pertenece “a un grupo etario que, por mandato constitucional, debe ser objeto de preferente tutela por su condición de población de riesgo, como son también las mujeres, niños y/o personas con discapacidad”.

“El Estado debería proteger los derechos que hacen a la satisfacción de necesidades básicas y elementales a su cargo, como es mi propio derecho a la salud y no ponerlo en riesgo. Máxime cuando el propio Estado me considera inmerso en un grupo de riesgo”, señaló.

“Me encuentro en los llamados grupos de mayor riesgo al coronavirus, que son los formados por personas de 65 años. Y es así que en los colectivos de riesgo puede mostrarse una evolución desfavorable y algo peligrosa del coronavirus. Por ello, las medidas de protección son importantes y prácticamente indispensables en toda la población y vitales en los colectivos más vulerables y de mayor riesgo”, enfatizó.