CRUELDAD
Serán delitos graves los maltratos a animales
Desde la procuración general se instruyó a todos los fiscales de Río Negro
Después de la conmoción que provocó el caso de General Roca donde un vecino prendió fuego una cucha con cachorritos adentro, se conoció una nueva directiva del jefe de Fiscales, Jorge Crespo. Desde la Procuración General se instruyó a los fiscales que no podrán aplicar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a aquellas personas imputadas en casos de crueldad animal.
Los delitos dentro de esta categoría son aquellos que resultan de la infracción a la Ley Nacional de Protección animal 14.346, entre otras de protección de la fauna.
El instrumento jurídico, que servirá de eje para las investigaciones de los fiscales de toda la provincia de Río Negro. Destaca que deben calificarse como graves los actos de crueldad animal “atento al carácter que revisten, en tanto la violencia que se despliega para causar sufrimiento, de manera innecesaria por el modo excesivo, perverso o violento de la conducta denota una intencionalidad marcada en infligir sufrimiento”.
El seguimiento de las causas de maltrato animal da cuenta de la clara voluntad de la procuración general dirigida a la persecución de este tipo de delitos.
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales sostiene que no sólo tienen derecho a la existencia sino también a atención, cuidados y protección de la humanidad. Al mismo tiempo se considera como otro bien jurídico, la preservación de la diversidad biológica.
La Instrucción General expresa además que el nuevo paradigma de la justicia penal fomenta la participación ciudadana, procurando la paz social y la armonía
Una política de Persecución Penal que incida en la vida ciudadana debe ser transparente, de público conocimiento y encontrarse en una constante revisión en virtud de su aplicación en la realidad, dispuesta a integrar las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del sector de justicia y del Estado en general. Por ello, la opinión de la comunidad será tenida en cuenta al momento de establecer políticas de persecución penal, para que la misma resulte socialmente legitimada por sus destinatarios
