Piden que se trate el pedido de Juicio Político a Piccinini

Tras la formulación de cargos contra el dirigente de SiTraJur y legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, por violar la cuarentena al ingresar a la sede del Poder Judicial en Viedma en pleno ASPO para verificar las condiciones en las que trabajaban los empleados judiciales, desde el Bloque opositor ratificaron el pedido de Juicio Político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccini, autora de la denuncia contra el sindicalista.

La presentación en la mesa de entradas de la Legislatura fue realizada por el cipoleño Marcelo Mango, de amplia trayectoria en el gremio docente hasta que saltó el charco y fue ministro de Educación en la breve gestión de Carlos Soria. También se le comunicó “a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina y al Consejo de la Magistratura de Río Negro, su más enérgico repudio ante la denuncia y la imputación contra el legislador y Secretario General de la Primera Circunscripción Judicial de SiTraJur, Barreno, promovida por la jueza Piccinini y la fiscal Maricel Viotti respectivamente”.

La decisión del máximo Tribunal de denunciar al dirigente sindical y legislador Barreno, y la imputación de la fiscal Viotti, no obedecen a una mera violación de los derechos constitucionales ni al desconocimiento de las leyes; tienen una clara intencionalidad política de perseguir a les dirigentes opositores y disciplinar a las trabajadoras y trabajadores. Es altamente preocupante que, ahora en modo “lawfare”, el Poder Judicial rionegrino sume otra cuenta en el largo rosario de menosprecio y persecución a los sectores populares, de protección a los poderosos y de complicidad con los gobiernos de turno

Mango mostró “preocupación por este accionar a todas luces ilegal y la necesidad de analizar la iniciación de juicio político, a quienes desempeñan cargos de autoridad dentro del Poder Judicial y persistan en realizar actos de persecución política o en generar casos de lawfare en Río Negro”. 

Y agregó “la decisión del máximo Tribunal de denunciar al dirigente sindical y legislador Barreno, y la imputación de la fiscal Viotti, no obedecen a una mera violación de los derechos constitucionales ni al desconocimiento de las leyes; tienen una clara intencionalidad política de perseguir a les dirigentes opositores y disciplinar a las trabajadoras y trabajadores. Es altamente preocupante que, ahora en modo “lawfare”, el Poder Judicial rionegrino sume otra cuenta en el largo rosario de menosprecio y persecución a los sectores populares, de protección a los poderosos y de complicidad con los gobiernos de turno”.

“Este marco histórico de connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ha quedado demostrado con las repudiables declaraciones de la gobernadora, Arabela Carreras, quién avaló y justificó públicamente la decisión de la Fiscal de imputar al legislador Barreno. Es atronador el silencio de los y las representantes del partido JSRN en los diversos ámbitos del Estado provincial ”, señaló el ex director de la Escuela del Barrio Anai Mapu de Cipolletti.