Explosión en la escuela: anulan imputación de un funcionario

La sala penal del Tribunal Superior de Justicia declaró la nulidad de la imputación de Gabriel Adrián Potas, en la investigación por la explosión trágica de la escuela 144 de Aguada San Roque en la que murieron tres personas. Los jueces entendieron que las decisiones de una jueza de garantías y de un tribunal de impugnación “afectaron la defensa en juicio” del funcionario provincial. Quedan nueve imputados en el expediente: tres miembros de la empresa Arte Construcciones, domiciliada en Cipolletti, cuatro funcionarios de la subsecretaría de Obras Públicas y dos del Consejo Provincial de Educación

Alfredo Elosu Larumbe y María Soledad Gennari hicieron lugar al planteo del abogado Juan Manuel Coto, quien argumentó que a su defendido se le “afectó el derecho de defensa en juicio, el acceso a la jurisdicción y el derecho a guardar silencio como derivación de la prohibición de autoincriminación forzada, al utilizar las declaraciones de Potas durante la entrevista previa para sostener la formulación de cargos”.

En una resolución de 32 páginas, los jueces del TSJ señalaron que “si bien nada impide que, en el marco de una investigación penal, una persona vagamente sospechada de la comisión de un delito sea citada a una entrevista fiscal sin que esto implique la afectación del derecho de defensa, este caso no ajusta a este parámetro, “pues tomando en cuenta el marco temporal y las  propias expresiones de la fiscalía: 1) la convocatoria del señor Potas a que declare en dicha sede, sin letrado presente y sin hacerle conocer sus derechos, ocurrió mucho tiempo después de iniciada la investigación; 2) existían ya ciertos elementos de cargo concretos (prueba anterior que la fiscalía dijo “no leída” o “no analizada”) y 3) existían, además, “otras pruebas”, aparentemente sí vistas y sí analizadas por la fiscalía, suficientes –según su criterio- para formularle cargos”.

El caso se originó el 29 de junio de 2021 cuando explotó la escuela albergue 144 del paraje Aguada San Roque y murieron los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi y la docente Mónica Jara.

Potas era coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del ministerio de Educación. Estaba imputado por incumplimiento en los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo en perjuicio de Mónica Jara. Se lo acusó de no haber relevado el estado de avance de las obras en la escuela 144, lo que posibilitó que se habilite el ciclo lectivo presencial en la escuela de Aguada San Roque.