La modificación de Ganancias ya es ley en Neuquén

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles el paquete de leyes económicas para el próximo año que envió el ejecutivo provincial, entre ellas, la modificación del alcance del Impuesto Ganancias sobre los salarios de la planta trabajadora estatal, abarcando tanto a activos como pasivos. A la par de esta iniciativa, la Cámara sancionó hoy los presupuestos de los tres Poderes del Estado, la reforma fiscal y el nuevo régimen impositivo que comenzarán a regir a partir de enero 2023.

Una de las primeras autoridades en manifestarse tras la sesión fue el vicegobernador Marcos Koopmann, quién aseguró que aprobar una herramienta normativa que alivie el impacto del Impuesto a las Ganancias en los sueldos de los trabajadores y jubilados neuquinos “es un acto de estricta justicia social, un reclamo histórico de los trabajadores públicos de la provincia, a los cuales hemos escuchado, trabajado en conjunto y a partir de la decisión política de avanzar en este sentido, hemos dado el debate para poder aprobar hoy esta ley”.

En esa línea, el candidato a gobernador del MPN destacó que “el objetivo que perseguimos es que los trabajadores y jubilados neuquinos puedan estar condiciones de igualdad con el resto de los trabajadores de otras provincias de la Argentina, teniendo en cuenta que la zona desfavorable es un beneficio para quienes habitan la Patagonia por las necesidades específicas de esta zona y que al ser alcanzado por este impuesto se vulnera ese derecho”.

“Hemos trabajado más de 3 meses en conjunto con los representantes de los trabajadores, estudiando la Ley de Ganancias, teniendo en cuenta las experiencias de otras provincias patagónicas como Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa, para arribar a esta solución", agregó el vicegobernador.

El funcionario provincial también consideró que se trata de una ley "muy positiva para toda la provincia, porque quitándole parte de esta carga a los trabajadores y jubilados provinciales, las familias podrán aumentar su capacidad de ahorro y consumo, entre otros, dinamizando de esta forma la economía provincial”.

En cuanto al desarrollo del trámite legislativo, el presupuesto del Poder Ejecutivo, que llega a los 799 mil millones de pesos, fue aprobado por mayoría con 29 votos aportados por los bloques del MPN, FRIN, FNN, Juntos, Siempre, MAV, CC-ARI, UP-FR, Avanzar y parte de los bloques de JC, PDC y FdT.

Al mismo tiempo, se registraron cinco votos negativos, de parte de los diputados Soledad Martínez (FdT), Leticia Esteves (JC), Carlos Coggiola (PDC), Andrés Blanco (PTS-FIT) y Blanca López (FIT), quienes denunciaron subejecución de fondos de ejercicios anteriores, la distribución de los recursos y el nivel de endeudamiento provincial, entre otros puntos.

En su turno, el presupuesto del Poder Legislativo, de un total de 11 mil millones de pesos, también fue aprobado por mayoría, con 30 votos favorables aportados por todas las bancas a excepción de las de izquierda y las de Martínez y Coggiola, que en sus exposiciones apuntaron contra los niveles de discrecionalidad de la presidencia para el uso de los recursos.

Finalmente, en lo que hace al cálculo de gastos y recursos del Poder Judicial, el cual rondó los 40 mil millones, fue aprobado por mayoría con 29 votos favorables aportados por todos los bloques a excepción de los dos legisladores de izquierda.

Por su parte, el Código Fiscal sancionado obtuvo 30 votos a favor y cuatro en contra, nuevamente de Carlos Coggiola, Andrés Blanco, Leticia Esteves y Blanca López. Los mismos diputados y diputadas votaron en contra de la ley impositiva, que alcanzó 29 votos positivos.

El presupuesto aprobado en la jornada de hoy incorporó, a su vez,  tres artículos (48°, 49° y 50°) referidos a la metodología de cálculo  de la base imponible sobre la que se calcula el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, para la liquidación de haberes que percibe la planta estatal de la administración pública y de los haberes previsionales que abona el ISSN.

Al respecto, la diputada provincial Liliana Murissi manifestó que estos puntos “fueron extensamente trabajados”  y sostuvo que la modificación sancionada “representa la mejor solución transitoria” frente al regresivo impacto que genera el impuesto en los salarios neto de los agentes de la administración pública y en los haberes de los jubilados y pensionados.

Los artículos establecen que el total de los conceptos remunerativos percibidos por los agentes estatales -convencionados y no convencionados- se compone en un 60% a sueldo y el 40% restante al concepto de dedicación funcional.

Esta última constituye el reintegro de los gastos originados por el desempeño de la función -viáticos, movilidad y otras compensaciones- y será considerado a los efectos del artículo 82° párrafo 4to y artículo 86 inciso e) de la ley de impuesto a las ganancias, a fin de no fijar retenciones de la cuarta categoría sobre este concepto.