RÍO NEGRO
Pedirán desalojar a la comunidad mapuche Buenuleo
Se trata de un conflicto de tierras con privados en Bariloche, al pie del cerro Ventana.
La causa judicial se inició cuando el 10 de septiembre de 2019 ocho integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo, ingresaron a un lote de 92 hectáreas, ubicado en el cerro Ventana de Bariloche. En el lugar se encuentra una vivienda construida por Emilio Friedrich, quien radicó la denuncia por la usurpación de la construcción y del extenso predio. La comunidad mapuche plantea que no pueden estar acusados de usurpación de tierras que siempre les pertenecieron.
El abogado de Friedrich, Alejandro Pschunder, dialogó con el fiscal jefe Martín Lozada a cardo de la causa y solicitó una audiencia para pedir que se ejecute la orden de desalojo que el juez de garantías Sergio Pichetto había dictado en 2019. La defensa de los imputados impugnó la orden, pero el juez Marcos Burgos la revisó y la confirmó a principios de octubre del 2020.
El 1 de abril último el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, anuló los sobreseimientos a favor de los ocho imputados. En el fallo, los jueces del máximo tribunal de la provincia criticaron por unanimidad la sentencia del Tribunal de Impugnación que había convalidado los sobreseimientos.
El abogado de Friedrich , había sido duro con el fiscal Lozada por la decisión de no seguir adelante con la persecución penal contra los imputados. “Recusamos al Fiscal Jefe Lozada y solicitamos audiencia para el desalojo que es el 5 de mayo”.
Además, presentaron el pedido para avanzar con el control de la acusación “y la audiencia para llevarlos a juicio oral”. La expectativa de los querellantes es solicitar una pena superior a los tres años de prisión. Por eso, quieren un tribunal conformado por tres jueces para hacer el juicio.
Pschunder dijo que “la sentencia del máximo tribunal rionegrino puso un claro orden legal en el tema de cómo deben actuar los pueblos originarios para acceder a reclamos territoriales solamente por la ley”.
“Es un fallo obligatorio para todos los tribunales inferiores y un claro mensaje para el Procurador General Jorge Crespo para que instruya a los fiscales a evitar actitudes como las de Lozada defendiendo a los usurpadores y abandonando a las víctimas”, sentenció el abogado.
En medio de este proceso judicial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que conduce Magdalena Odarda, había emitido una resolución de reconocimiento territorial ancestral a la comunidad Buenuleo que incluyó el predio en disputa. Por esa medida administrativa, la fiscalía, representada por Martín Lozada, se retiró de la acusación en la causa por usurpación y se anuló la orden de desalojo. Pero luego la Justicia Federal anuló la resolución del INAI y dejó sin efecto el reconocimiento.
