Otro revés judicial para grupo "antivacunas" de Neuquén

Un grupo de antivacunas de Neuquén recibió un segundo revés cuando el juez de Garantías Lucas Yancareli desestimó la denuncia por presunto envenenamiento, con el que pretendió judicializar el plan de vacunación contra el Covid-19. Habían denunciado a autoridades sanitarias nacionales, provinciales y a profesionales médicos y farmacéuticos.

En esta segunda instancia, la fiscal Valeria Panozzo solicitó al magistrado que confirme la decisión que tomó, en marzo, de no investigar a autoridades del gobierno nacional, provincial y distintas personas que participan del plan vacunación contra el Covid 19.

La audiencia se efectuó a primera hora de la mañana en la Ciudad Judicial. Panozzo planteó, entre otros aspectos, que los tres delitos que detallaron las personas denunciantes "no fueron desarrollados de manera tal que la fiscalía pudiera avanzar en alguno de ellos"; que la documentación que aportaron "carecía de aval científico"; y que la denuncia "fue algo genérico sin un solo hecho concreto".

En forma previa, en marzo pasado, la fiscal del caso había desestimado la denuncia mediante una resolución, en la que planteó que los hechos descriptos por este grupo de personas que se opone al plan de vacunación por Covid-19, “no constituían delito”.

“Si bien la documentación aportada fue extensa (…) debo decir que analizada en su totalidad, la misma carece de aval científico”, había planteado en la resolución la fiscal del caso respecto al contenido de la denuncia. Con este argumento, entre otros, dispuso la desestimación de la presentación en la cual se planteó que el gobierno nacional, provincial y quienes participan en el plan de vacunación contra el Covid-19 habrían incurrido en los delitos de envenenamiento con medicinas, violación de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.

Tras la resolución de Panozzo, las personas denunciantes pidieron que la decisión sea revisada por un juez de garantías. Esto fue lo que ocurrió en la jornada de hoy, y el juez de garantías Lucas Yancarelli respaldó la decisión de la fiscal.

Entre otros argumentos, el magistrado planteó que la competencia para investigar parte de la denuncia debería ser el ámbito de la Justicia Federal, no la provincial; y que el Poder Judicial actúa sobre casos concretos y no ante casos genéricos como fue planteado en las personas denunciantes.

Esta causa comenzó en noviembre pasado, cuando un grupo de personas antivacunas fue a manifestarse al ministerio de Salud, y los médicos los acusaron de «coacción». Como réplica, estos dijeron que tenían pruebas y pidieron que se investigue.