La corrupción y las muertes se investigarán en Cutral Co

Un tribunal de Impugnación rechazó este miércoles el pedido de las defensas de seis de los diez imputados en la explosión de la escuela albergue de Aguada San Roque, por el que pretendieron que se declare la incompetencia de la jueza de Cutral Co para investigar las presuntas maniobras de corrupción que vinculan a funcionarios provinciales y de una empresa constructora.

Las y los abogados defensores de Raúl Capdevilla, Carlos Córdoba, Roberto Deza, Sergio Percat y Diego Bulgheroni plantearon en la audiencia de ayer la incompetencia de la jueza Patricia Lupica Cristo, de la Segunda Circunscripción Judicial, para la investigación de los “delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Estos fueron parte de los delitos atribuidos en la audiencia de formulación de cargos, del pasado 26 de abril, en la que intervino la magistrada.

Los jueces del Tribunal de Impugnación solicitaron a los letrados precisiones sobre el tipo de requerimiento. Esto es, si estaban requiriendo que la investigación se desdoble y vaya una parte a Neuquén capital (Primera Circunscripción Judicial) o si lo que estaban solicitando es que se modifique la fiscal que interviene en el caso. El planteo de la defensa fue en relación a la cuestión de competencia por la falsificación ideológica y el delito de fraude a la administración.

Por otra parte, el abogado defensor de Gabriel Adrián Potas, presentó una impugnación en el marco de la misma audiencia de formulación de cargos, en virtud de entender que se había afectado la garantía de su defendido en contra de la autoincriminación forzada y sostuvo que hubo una afectación a una garantía constitucional.

Ante los planteos de la defensa, tanto la querella particular en representación del gremio ATEN y los familiares de las víctimas, como la fiscalía, sostuvieron que la decisión impuesta es inimpugnable y solicitaron al tribunal que se rechace la admisibilidad del recurso presentado por la defensa y se ratifique la decisión impuesta por la jueza de garantías en la audiencia de formulación de cargos realizada el 26 de abril pasado.

La fiscal jefa Sandra González Taboada sostuvo que: “todos sabemos que la voluntad del legislador provincial fue establecer la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales que en la forma expresa lo determine la manda legal, y no es el supuesto del caso, la letra de la propia ley y su interpretación más amplia no lo permite”.

En la audiencia de hoy, el Tribunal de Impugnación avaló por unanimidad el pedido de la fiscalía y resolvió la inadmisibilidad de los recursos presentados por las defensas particulares. De esta manera, confirmó las decisiones impuestas por la magistrada Lupica Cristo con anterioridad.

El caso