MUERTES EN AGUADA SAN ROQUE
Piden imputar a dos funcionarios del CPE por la explosión
La causa ya tiene ocho imputados. Ahora acusaron a funcionarios que omitieron informar que la escuela estaba en obra.
La fiscalía de Cutral Co acusó este miércoles a dos funcionarios del Consejo Provincial de Educación por no haber informado a la presidencia del cuerpo que la escuela albergue de Aguada San Roque estaba en obra y no debió haberse habilitado para las clases presenciales el 29 de junio del año pasado. Ese día se produjo una explosión en la que murieron La docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino y ayudante Mariano Spinedi.
Tanto la fiscal jefa, Sandra González Taboada, como la fiscal Gabriela Macaya, formularon cargos este miércoles a Fabio Antonio Luna y a Patricia Delia Cressatti, funcionarios del CPE, a quienes le imputaron los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y homicidio culposo.
Fue la segunda audiencia de formulación de cargos realizada en la causa. En abril fueron imputadas otras ocho personas que, al momento del hecho, trabajaban en ámbitos privados y públicos con diferentes roles y responsabilidades en torno a la obra que se estaba ejecutando en el establecimiento educativo, y que había sido adjudicada a la empresa Arte Construcciones S.R.L.
Cuando se produjo la trágica explosión en la escuela albergue, Luna era director general de la Modalidad Rural del CPE y Cressatti era directora provincial de Nivel Primario.
La fiscal jefa les atribuyó tanto a Luna como a Cressatti, a partir de las funciones que desempeñaban como funcionarios públicos, no haber informado al cuerpo colegiado y a la presidencia del Consejo Provincial de Educación que la escuela primaria rural N°144 de Aguada San Roque se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales en junio de 2021. González Taboada aseguró que esa omisión determinó que se incluyera a la escuela entre las que debían retornar a clases presenciales. También les atribuyó una segunda omisión, en este caso de informar a la directora del establecimiento, que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio.
Las querellas particulares adhirieron a la formulación de cargos y realizaron sus presentaciones, en el mismo sentido que la fiscalía. La defensa particular, por su parte, se opuso a la formulación.
Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Laura Barbé informó que comunicará su decisión el próximo viernes, tras el plazo reglamentario de 48 horas.
