PROBLEMÁTICA SOCIAL
Qué respuesta da el Estado ante casos de Salud Mental
Sigue la preocupación en Neuquén ante los recurrentes incidentes protagonizados por un individuo que pone en riesgo su seguridad y la de quienes interactúan con él en la vía pública.
El órgano de revisión del Ministerio Público de la Defensa, encargado de supervisar y promover los derechos de los usuarios de servicios de salud mental, se encuentra en medio de una problemática que requiere atención urgente. En este caso, la secretaría ejecutiva de dicho órgano, responsable de su funcionamiento, se encuentra vacante, lo que llevó a que María Andrada asuma interinamente esa función. Ella dio detalles sobre el abordaje de esta temática en el programa Así Estamos por Radio Mitre Patagonia y CN24/7.
En medio de esta situación, en Neuquén se hicieron nuevamente públicos los recurrentes incidentes protagonizados por un individuo con evidentes problemas de salud mental, generando preocupación tanto por su propia salud como por la seguridad de quienes interactúan con él. El hombre, que vive en la vía pública, tiene más de 30 denuncias y la actuación de las autoridades ha sido escasa o, a las claras, ineficiente.
Según detalló Andrada, el órgano de revisión de la ley de Salud Mental, establecido por la ley 26657, tiene como función principal el control y supervisión de los derechos de los usuarios de servicios de salud mental en el ámbito del Ministerio Público de la defensa. Sin embargo, debido a la falta de secretaría ejecutiva designada, las respuestas y acciones concretas se vieron demoradas.
El individuo en cuestión fue protagonista de diversos incidentes en la vía pública, que involucran agresiones y daños materiales, y se supo que aunque se han cubierto algunos de estos sucesos, existen otros similares que no llegan a conocimiento público. Ante esta situación, surge la pregunta acerca del tratamiento adecuado para casos como estos, que no solo afectan a la persona en cuestión, sino también a su entorno y a la seguridad de terceros.
En este sentido, la secretaria ejecutiva del órgano de revisión explicó que su rol se limita al control y supervisión de los derechos de las personas con padecimientos de salud mental. En el caso de esta persona en particular, se ha iniciado un proceso judicial para solicitar una internación involuntaria, basada en el riesgo que representa para sí misma y para terceros. Hasta que se resuelva esta solicitud, las internaciones han sido voluntarias, y la persona tiene derecho a retirarse si así lo decide, ya que posee capacidad para tomar decisiones en relación a su salud.
Se detalló que el equipo de salud mental, encargado de emitir dictámenes y determinar los criterios de internación, actúa según su criterio profesional, pero no existe una instancia de revisión dentro del sistema de salud mental. Es el juez quien, basándose en los informes médicos y otros profesionales de la salud, puede ordenar una internación involuntaria.
Lo cierto es que la falta de respuestas concretas y la ausencia de secretaría ejecutiva en el órgano de revisión de la ley de Salud Mental plantean un problema que requiere una pronta solución.
