La Coordinadora de Jubilados de Rio Negro (CORJUB) presentó un amparo ante la justicia provincial y denunció la inminente aprobación de una norma provincial que limita gravemente el derecho de amparo. Señalaron que el proyecto pone en peligro uno de los recursos más eficaces que protege a los ciudadanos de los abusos de los poderes institucionales.
Rosana Ingrisani, de la Coordinadora se refirió al tema: “con la excusa de su reglamentación la Legislatura se apresta a aprobar este miércoles una modificación al Código Procesal Constitucional que va a limitar el alcance de los amparos. Buscan dificultar su trámite, imponer un mecanismo engorroso para iniciarlo y quieren que las costas las pague el amparista en un claro propósito de evitar que los más pobres lleguen a la justicia. Eliminan así el único recurso al que podían recurrir los más humildes”.
“Es una ley claramente inconstitucional por limitante, regresiva, restrictiva e intimidatoria. Además, porque permite a los jueces dilatar la resolución del amparo perdiendo su carácter perentorio. Con esta verdadera ´Ley de Desamparo´ el gobierno provincial -con la complicidad del Poder Judicial- va a impedir que haya amparos contra la minería contaminante a la vez que afectará el derecho ciudadano para el acceso a la salud, la educación, comprometiendo también los derechos sociales y humanos en general”, indicó.
Ingrisani señaló que hoy se movilizarán hacia la legislatura rionegrina, pero que no podrán ingresar porque está vallada. “Creemos que esta ley lesiona nuestros derechos, ya que impone fuertes restricciones para las demandas por temas de salud, educación, consumos, ambientales, poniendo fin a la práctica a los amparos colectivos”, concluyó.