Este lunes, en una audiencia realizada en Cutral Co, la fiscalía pidió al tribunal que intervino en el juicio por la explosión en la escuela de Aguada San Roque que declare la responsabilidad de todos los imputados. Los acusados son cuatro exfuncionarios públicos de la provincia de Neuquén y dos integrantes de una empresa privada interviniente. Durante el hecho que se investiga, perdieron la vida los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi, y la maestra Mónica Jara.
“No seamos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes”, dijo el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, tras su pedido de declaración de responsabilidad.
Desde que comenzó el juicio, el pasado 12 de agosto, Liotard y la fiscal Gabriela Macaya presentaron pruebas y testimonios para validar la teoría del caso: que dos integrantes de una empresa privada y cuatro funcionarios públicos que tuvieron participación en las distintas etapas administrativas y ejecutivas de la obra que se debía realizar en el lugar, sin cumplir las condiciones previstas en el pliego de licitación y sin el debido cuidado que les pedía su función. Inclusive, una de las acusaciones incluye haber emitido certificaciones sobre una supuesta finalización de obra, cuando la escuela no estaba terminada.
“No hay dudas tampoco de que se emitió una certificación del 100% cuando la obra no estaba terminada; que no se hizo la prueba de hermeticidad del gas, tampoco que no se pidió el corte del suministro a la empresa proveedora”, describió Liotard ante los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo. Además, precisó: “con una sola de esas circunstancias cumplidas, ninguno de nosotros estaría aquí sentado”.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el 29 de junio de 2021, el gasista matriculado Francés junto a su sobrino Spinedi acudieron a la Escuela Albergue 144, donde realizaban tareas vinculadas con una obra en construcción. Alrededor de las 13.50, se dirigieron junto a la docente hacia un ambiente destinado al albergue de niñas. En forma inmediata, se produjo una deflagración y posterior incendio. Los operarios fallecieron en forma inmediata; mientras que la docente, que logró escapar por una ventana, fue trasladada a la provincia de Mendoza donde murió 13 días después.
“Lo que queremos magnificar es que ya tenemos el rol que le cupo a cada uno, las pruebas que hemos marcado, sumado a lo que se les imputó: entendemos, en definitiva, que de un modo u otro, todos los imputados, infringiendo el deber de cuidado que les pesaba en la obra, omitieron desplegar las acciones para evitar que se elevara el riesgo permitido. Unos como funcionarios y otros por el rol fáctico en la empresa, estaban obligados a supervisar”, afirmó Liotard.
Todas las imputaciones
Héctor Villanueva y Diego Patricio Bulgheroni: pertenecientes a la empresa Arte Construcciones SRL., están acusados de "estrago culposo agravado, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Por su parte, Raúl Capdevilla (ex director provincial de Obras Públicas) y Carlos Córdoba (ex director de Obras Públicas) están acusados de "estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Mientras tanto, a Sergio Percat (ex director de Obras Contratadas) también le formularon los mismos cargos, pero desde la fiscalía sumaron que fue "en concurso real con falsificación ideológica de documento público".
Finalmente, Roberto Deza (ex subsecretario de Obras Públicas) fue imputado por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Cómo continúa el juicio
La audiencia de hoy comenzó con el alegato del fiscal jefe y continuará con los de las querellas privadas. El turno final es el de las defensas, que de acuerdo con el cronograma del juicio, comenzarán hoy y terminarán este martes. A partir de ese momento, el tribunal se expedirá dentro del plazo legal.
Previo al juicio fueron sobreseídos Fabio Antonio Luna, exdirector general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación; y Patricia Delia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario del mismo organismo. En ambos casos se les había imputado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por último, a Eduardo Afione se le concedió una suspensión de juicio a prueba (probation) y, en caso de cumplir las condiciones que se le impusieron, será sobreseído.