Río Negro enfrenta una disyuntiva crítica. Mientras el Golfo San Matías se prepara para convertirse en la puerta de salida del petróleo y gas de Vaca Muerta, la única planta productora de carbonato de sodio en Latinoamérica está al borde del colapso. ALPAT presiona al gobierno de la provincia para obtener un rescate financiero de 617.000 dólares mensuales entre mayo y septiembre para evitar su cierre definitivo y garantizar la continuidad de 400 empleos directos y más de 1.000 indirectos.
La empresa del Grupo Indalo, controlada por Cristóbal López y Fabián De Souza, enfrenta una tormenta perfecta: una caída abrupta del mercado, un incremento brutal en costos operativos y una competencia extranjera que avanza con tarifas energéticas más accesibles. Sin ayuda del gobierno provincial, la compañía amenaza con cesar sus operaciones, dejando a cientos de trabajadores en la incertidumbre. ALPAT es la única industria que existe en San Antonio Oeste, una ciudad en crisis por el agotamiento del recurso pesquero y sólo tiene en el turismo de verano una alternativa económica.
Pero el plan de supervivencia no depende únicamente del Estado. La empresa también exige una reestructuración de los convenios colectivos, planteando un ajuste en los derechos laborales para adaptarse a un contexto económico que cada vez ofrece menos margen de maniobra.
El gas, la espada de Damocles sobre ALPAT
El gas natural, insumo clave para la producción, se ha convertido en un obstáculo insalvable. Su peso en el costo operativo pasó del 40% al 46%, situando a ALPAT en una desventaja competitiva frente a productores internacionales que gozan de beneficios fiscales y costos energéticos más bajos. Mientras la empresa lucha por mantenerse a flote, la Patagonia avanza hacia un modelo energético centrado en el petróleo y el gas, con proyectos multimillonarios como el Oleoducto Vaca Muerta Sur y el gasoducto de GNL, que comenzará a operar en 2028.
En un intento por reducir su estructura y amortiguar el golpe financiero, la compañía lanzó un plan de retiros voluntarios. Ofrece bonificaciones de hasta un 45% sobre la indemnización base, pero se reserva el derecho de decidir quién puede acogerse al beneficio, priorizando la continuidad operativa.
Además, propone un nuevo esquema laboral basado en la realidad del mercado, impulsando una mesa de diálogo tripartito entre Estado, sindicatos y empresa para redefinir el futuro del sector. El próximo 19 de mayo, se llevará a cabo una reunión clave con el gobierno provincial y los gremios. Allí se definirán las condiciones que determinarán si la planta logra su salvación o si entra en un proceso irreversible de cierre.