Por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Narvaez, el exfuncionario Ricardo Soiza, que es uno de los imputados como jefes de una asociación ilícita en la causa Planes Sociales, y que llevó adelante estafas, seguirá detenido en su domicilio.
Soiza está preso con preventiva desde julio de 2023, tras las primeras formulaciones de cargos que hizo la fiscalía. Desde aquel entonces, la medida cautelar fue confirmada en distintas oportunidades para resguardar el proceso y evitar que influyera en otros imputados o testigos de los hechos que investiga el Ministerio Público Fiscal.
Tras la audiencia de septiembre de 2024, la defensa pidió que se cambie la modalidad a una prisión domiciliaria por la salud del imputado, y la jueza de garantías Carina Álvarez lo concedió.
Durante la audiencia de este martes, la fiscalía pidió que se extienda por seis meses más la detención domiciliaria, que se estaba por vencer. El argumento fue que siguen vigentes los mismos riesgos procesales, por lo que pidieron que también se mantenga la prohibición de contactar a otros involucrados en el caso por el mismo tiempo.
El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de las partes acusadoras de forma parcial: extendió la prisión domiciliaria pero lo hizo por un plazo menor, de cuatro meses. En los mismo términos el magistrado extendió la prohibición de contacto con el resto de las personas imputadas o testigos.
Cómo fueron las estafas con planes sociales
La fiscalía investiga a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo durante la gestión anterior en el gobierno provincial, a quienes imputaron de haber integrado una asociación ilícita que cometía estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
En su esquema de acusación, determinó distintos niveles de responsabilidad. Los jefes serían Ricardo Soiza, que ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
En ese rol de “jefes” de la organización hay otros dos funcionarios: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.