Tres ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, que se encuentran acusados en el caso de la estafa con planes sociales, serán investigados en la causa de las maniobras irregulares de fondos de la organización social Viento Sur y posiblemente sean imputados. Así lo confirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli en diálogo con el programa Entretiempo que se emite por AM550.
Vignaroli señaló que en el corto plazo, en una próxima audiencia, irán contra Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales, el ex coordinador Provincial, Tomás Siegenthaler y el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca. El otro, será el exministro de esa cartera, German Chapino. El fiscal jefe sostuvo que estos ex funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía y posiblemente en el corto plazo se solicite una audiencia complementaria para ser imputados.
En la tarde del martes, Vignaroli junto al fiscal del caso Juan Nárvaez, formularon cargos a tres referentes de la Cooperativa Viento Sur, Diego Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larrosa Velázquez, por haber defraudado al Estado en un total de $1.341.400.640. Les atribuyeron haber buscado un beneficio personal en la administración de fondos que debían destinarse a programas de capacitación.
En tanto, a otros tres integrantes de la organización, Gabriela Suppicich -exdiputada del Partido Obrero-, Valencia Navarrete y Federico Gabriel Sánchez, les imputaron haber prestado colaboración para que los anteriormente mencionados lograran su objetivo.
Vignaroli explicó que “calculamos formular cargos, lo más pronto posible, a dos ex ministros de Desarrollo Social que intervinieron en la firma y en la ejecución de los convenios como así también a integrantes del sector de administración y de planes del ministerio”. “Entendemos que una cosa no pudo haber sido producido sin la otra. Sin la vista gorda de los funcionarios no se pudo seguir alimentando a la cooperativa”, agregó.
Cabe señalar que en agosto de 2022 la Cooperativa Viento Sur fue beneficiada con la creación de un programa mediante el cual el Estado provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, comprometía desembolsos mensuales que debían destinarse a la capacitación laboral de integrantes de organizaciones sociales.
El programa se creó mediante el decreto 1672/2022, el 18 de agosto de ese año, y mediante sucesivas adendas, se prorrogó periódicamente hasta diciembre de 2023.
De acuerdo con un convenio específico, se indicó que “los fondos asignados debían ser utilizados por las organizaciones de la sociedad civil para capacitar a sus integrantes en herramientas para su inserción laboral o en la economía social, debiendo presentarse una rendición detallada de las acciones implementadas”. Así, afirmó Vignaroli, los imputados "tenían la facultad de administrar el dinero público dado como aporte no reintegrable en el marco del programa”.
Vignaroli aseguró que quien participó de la negociación y que culminó con la creación de este programa de capacitación fue el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza. “El negocia y da la solución en conjunto con el ministro de Desarrollo Social de aquel entonces y con el que siguió -Chaponi y Di Luca- que son los que crean y firman el convenio y comienzan a ordenar las acreditaciones a través del director de administración sin que se cumplan los objetivos del programa”, explicó Vignaroli.
“Lo único que hacían era adjuntar el listado de personas que habían cobrado dinero pero nunca presentaron ningún plan de capacitación, con lo cual está claro que quienes tenían que controlar esto no lo controlaban y permitían que esto sucediera”, concluyó Vignaroli.