Marianela es una de las tantas personas que hoy alzan la voz por lo que considera “una tristeza muy grande” y, a la vez, “una estafa sistemática”. Su testimonio en La Primera Mañana de AM550 pone nombre, rostro y emoción a una causa que ya salpica a más de 200 familias neuquinas. Todas, según coinciden los relatos, confiaron y entregaron su dinero a una promesa habitacional que nunca llegó.
“No fue solo una cuota social. Fueron años de sacrificio, de pagar en efectivo, sin recibos, sin garantías”, relató Marianela, visiblemente angustiada. Ella, como muchas otras familias trabajadoras, sostiene haber sido engañada por el referente de la cooperativa, el señor Salas, quien les pedía pagos en efectivo con la promesa de que “en la próxima entrega, estarían ellos”.
El relato se vuelve más dramático cuando cuenta cómo eran las condiciones: “No podías tener ningún terreno a tu nombre, ni estar anotado en otras cooperativas. Si lo sabían, te daban de baja del plan. Nos ataban las manos”. Según relata, incluso pagaron materiales como paredones “sin posibilidad de usar tarjetas ni transferencias”, lo que imposibilitaba dejar un rastro legal de las operaciones.
La situación explotó el lunes pasado, cuando muchos de ellos llegaron a la sede de la cooperativa y se encontraron con un allanamiento judicial en curso. “Vi con mis propios ojos cómo se llevaban nuestras carpetas, nuestros papeles. La desesperación fue total”, recordó Marianela. Esa misma noche, las familias organizaron una vigilia en el predio, preocupados ante rumores de que las casas iban a ser entregadas “a dedo”.
Un sistema de amedrentamiento y complicidades internas
Pero más allá de la estafa económica, los denunciantes también revelan un clima de intimidación y violencia. Marianela relató que durante una de las protestas fue testigo de amenazas físicas entre vecinos y menciona específicamente a una mujer, Betty Annapane, como una de las personas que “defendía a Salas a muerte” y llegó a amenazar con un cachetazo a otra integrante del grupo de damnificados. “Fue muy triste ver cómo buscaban que entre nosotros mismos nos enfrentáramos”, lamentó.
La situación complica aún mas a los familiares, pero también invita a la Justicia a investigar a fondo la causa, dando a entender que quizás son más los implicados en la estafa. Por la forma en la que accionaron los "allegados" a Salas, se trataría de un sistema aceitado donde todos sabían lo que estaba ocurriendo.
La mirada legal: “Entre 100 y 200 familias damnificadas”
El abogado Elio García, quien representa a una parte de los afectados, confirmó que el señor Salas se encuentra imputado en una causa penal en etapa de investigación. “Está acusado en el marco de una investigación judicial, lo que en nuestra provincia ya lo ubica como imputado”, explicó.
Además, detalló que hay acciones tanto penales como civiles en curso, y que los reclamos podrían alcanzar a entre 100 y 200 familias. “Estamos hablando de una suma millonaria invertida por los damnificados en cuotas, materiales y promesas que jamás se cumplieron”, sostuvo el letrado.
García también afirmó que trabaja en conjunto con otros abogados que patrocinan a más grupos de perjudicados, y destacó la voluntad de avanzar colectivamente en la búsqueda de justicia.
¿Y ahora qué?
Mientras avanza la causa judicial, las familias siguen organizándose y exigiendo respuestas. “Nosotros nunca dejamos de pagar, nunca nos dimos de baja, siempre creímos. Hoy sentimos que nos sacaron todo”, concluye Marianela, con la voz quebrada.
Este caso expone no solo las fallas del sistema de control sobre las cooperativas, sino también la desesperación de muchas familias trabajadoras que, en busca de un techo propio, fueron arrastradas a una red de estafa, silencio y abandono.