La investigación por la estafa en la administración de planes sociales durante la gestión anterior en Neuquén entra en su etapa clave: el juicio oral. Serán 15 los acusados que, según la fiscalía, ocupaban los niveles superiores de una asociación ilícita que desvió fondos públicos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
El debate comenzará el 21 de julio y se extendería hasta mediados de septiembre. La fiscalía anunció que presentará 95 testigos, con declaraciones que podrían durar entre 30 y 60 minutos cada una. Se trata de la etapa más relevante de una causa que conmocionó al Poder Ejecutivo y expuso maniobras sistemáticas de fraude.
El caso: una estructura piramidal para desviar millones
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, se conformó una asociación ilícita con estructura piramidal dentro del gobierno provincial, con base en el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y otras áreas clave del Ejecutivo.
Durante ese período, se habrían cometido 9303 hechos de estafa, con un perjuicio económico total estimado en $153.377.900. El dinero provenía de asignaciones creadas para asistir a personas desempleadas o en situación de emergencia, pero fue desviado a través de cobros irregulares de planes sociales.
Quiénes son los principales acusados
En la cúspide de la organización, según la teoría del caso de la fiscalía, estaban:
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Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales
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Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización
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Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas
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Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social
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Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración de la misma cartera
Además, hay otros diez acusados que ocupaban distintos roles en los niveles inferiores: colaboradores, reclutadores, recaudadores y beneficiarios directos de la maniobra.
Condenas previas y acuerdos para evitar el juicio
Antes de llegar a esta instancia, la fiscalía cerró acuerdos de condena con nueve imputados de menor responsabilidad. Todos ellos admitieron su participación en tareas complementarias, como extracción de dinero en cajeros automáticos o el cobro de cheques, a cambio de entregar el efectivo a los jefes de la organización.
Entre los condenados figuran:
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Gustavo Roberto Mercado
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Aarón Escobar
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Carolina Beatriz Hernández
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Pamela Alejandra Rivera
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Gesel Roxana Tarifeño
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Pamela Alejandra Cea
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Rodolfo López
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Adrián Meza Lizama
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Omar Ulises Rodríguez Quezada
Las penas fueron de tres años de ejecución condicional, con reglas de conducta y aportes económicos a instituciones de bien público. En al menos un caso se logró la reparación total del daño económico.
Qué espera la fiscalía
El equipo de fiscales, encabezado por Pablo Vignaroli, junto a Juan Narvaez, Agustina Jara y Tanya Cid, anticipó que solicitarán penas superiores a los tres años de prisión efectiva para los acusados que irán a juicio. También se espera que la Fiscalía de Estado avance en demandas civiles para recuperar parte de los fondos desviados.