La Ruta Nacional 40, una de las arterias más extensas y vitales de Argentina que recorre más de 5.000 kilómetros desde Santa Cruz hasta Jujuy, se encuentra en el centro de una creciente controversia en la Patagonia. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha lanzado una firme propuesta: cobrar un impuesto a los camiones extranjeros que transiten por ella, con el argumento de que son los principales causantes de su deterioro y, por ende, deben contribuir a su reparación.
La Ruta 40, en su tramo patagónico y especialmente en Chubut, ha sido históricamente objeto de reclamos por su alarmante estado: baches, desprendimientos y escasa señalización la convierten en un riesgo constante. El gobernador Torres no dudó en calificarla como "un peligro para la vida de los chubutenses y de muchos argentinos que transitan por ella".
La urgencia del reclamo radica en la seguridad vial. "Reparar esa ruta y no atacar el problema implica que dentro de pocos años estaremos nuevamente con una ruta en pésimas condiciones", señaló Torres en un video junto al secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, y el vicegobernador, Gustavo Menna.
El porqué del reclamo: el tránsito pesado extranjero
El corazón de la propuesta de Torres es la afirmación de que el tráfico pesado internacional, principalmente proveniente de Chile, es uno de los factores fundamentales que aceleran el desgaste de la traza. Estos camiones, que a menudo transportan una vasta gama de productos entre ambos países en el marco del comercio bilateral, utilizan corredores bioceánicos esenciales.
La propuesta legislativa que Chubut enviará a su Legislatura busca no solo establecer esta tasa vial, sino también habilitar a la provincia para instalar puestos de pesaje. Esto permitiría calcular el grado de uso e impacto de cada vehículo y aplicar un esquema de cobro justo y proporcional, focalizado en vehículos de carga de matrícula extranjera que cruzan por pasos fronterizos como Futaleufú, Carrenleufú y Paso de León, entre otros.
La rosca política y los antecedentes
La iniciativa de Torres no es aislada y tiene un fuerte componente de rosca política y soberanía vial. El gobernador explicó que la provincia busca ejecutar las obras de la Ruta 40 a cambio de saldar una deuda tomada por gestiones anteriores. Esta fórmula legal le permitiría a Chubut intervenir en una vía de jurisdicción nacional, eludiendo imposibilidades administrativas y, a la vez, obteniendo un beneficio financiero al cancelar compromisos previos. "Gobernar es actuar con firmeza y cuidar lo que es de todos", sentenció Torres.
Este tipo de reclamos no es nuevo en la Patagonia. En 2023, el entonces intendente de Bariloche, Walter Cortés, ya había expresado públicamente su descontento por el deterioro de la Ruta 40, adjudicándolo al constante tránsito de transporte pesado chileno. Sus palabras generaron controversia no solo en Argentina, sino también en Chile.
El desafío de los acuerdos internacionales y la respuesta de los camioneros
Aquí reside uno de los principales desafíos: Argentina y Chile mantienen un tratado internacional de libre tránsito por corredores bioceánicos, que garantiza el paso de transporte terrestre entre ambos países. Cualquier modificación que implique el cobro de peajes exclusivos o restricciones al tránsito internacional debería ser previamente consensuada en el marco de estos acuerdos bilaterales.
Si bien el gobernador Torres no ha revelado cuál fue la respuesta formal de los camioneros chilenos a este nuevo reclamo, los antecedentes sugieren que una medida de esta naturaleza podría generar una fuerte reacción de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) u otras asociaciones gremiales del transporte.
En el pasado, frente a iniciativas similares, el sector transportista chileno ha advertido que tales acciones podrían entrar en conflicto con los acuerdos bilaterales vigentes entre ambas naciones, lo que podría derivar en quejas diplomáticas y complejizar las relaciones comerciales. Es probable que se argumente que cualquier peaje debe aplicarse de manera equitativa a todos los transportistas, nacionales y extranjeros, y que los acuerdos de libre tránsito deben respetarse para no afectar el flujo comercial binacional.
La propuesta de Chubut abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el mantenimiento de la infraestructura vial, la financiación de obras públicas y el impacto del transporte internacional, con implicaciones tanto económicas como diplomáticas.
La pulseada que Cipolletti le ganó a un gigante del fracking
La Justicia rechazó el reclamo de NRG contra una norma municipal que prohíbe el tránsito pesado por la ciudad. El municipio celebró el fallo y apuntó con dureza al Gobierno nacional por el abandono de las rutas.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro desestimó el planteo de la empresa NRG, que pretendía declarar inconstitucional una ordenanza que prohíbe el paso de camiones de gran porte por sectores estratégicos de Cipolletti. La decisión representa un fuerte aval a la política de control del tránsito pesado impulsada por el intendente Rodrigo Buteler.
“Teníamos razón cuando prohibimos el tránsito pesado por la circunvalación para cuidar a los cipoleños. Celebramos el fallo del STJ y volvemos a exigir que el reclamo por las rutas nacionales se le haga al gobierno nacional y a Vialidad”, dijo el jefe comunal