El Gobierno nacional anunció esta semana que espera recibir entre 400 y 500 millones de dólares por la privatización de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. La medida incluye la licitación del paquete accionario y la concesión por 30 años de las centrales Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuya actual concesión vence en agosto.
Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una participación pública, el proceso apunta a sumar divisas al Banco Central y forma parte del programa de estabilización económica que impulsa el Gobierno.
Las represas, concesionadas originalmente en 1993 durante el proceso de privatizaciones de los años noventa, son actualmente operadas por AES, Enel, Aconcagua Energía y Central Puerto, y en conjunto aportan entre el 10% y 15% de la matriz energética nacional.
Acuerdo con las provincias: qué recibe Neuquén
La decisión del Ejecutivo nacional generó tensiones con las provincias involucradas, que reclamaron mayor participación por tratarse de recursos naturales dentro de sus territorios. Tras varias idas y vueltas, donde el gobernador Rolando Figueroa aseguró que iba a defender los intereses neuquinos al pie del cañón, se logró llegar a un acuerdo político que habilitó el avance del proceso licitatorio.
Como parte del entendimiento, Neuquén y Río Negro cobrarán un canon del 1% cada una por el uso del agua con fines hidroeléctricos, un mecanismo que no estaba contemplado en las concesiones actuales. Además, las provincias exigieron que se incorporen criterios de administración conjunta y se respete su rol en la gestión de los recursos hídricos.
Cómo será la nueva concesión
La Secretaría de Energía está elaborando los pliegos de licitación, que serán publicados en los próximos días. El esquema prevé la venta de las acciones de las empresas que actualmente operan las centrales, a través de un proceso público de adjudicación que concluiría antes del vencimiento de las concesiones, previsto para el 11 de agosto.
El modelo replicaría el esquema de los años 90: concesión privada con control estatal. El nuevo marco regulatorio podría incorporar condiciones ambientales más estrictas, incluyendo mecanismos de evaluación del impacto ambiental, regulación de los embalses y compensaciones a las provincias por posibles externalidades.
La transición entre las operadoras actuales y las nuevas requerirá una coordinación técnica para asegurar la continuidad del servicio eléctrico y la administración de los caudales, clave para la región.
Impacto regional
Neuquén, al igual que Río Negro, no recibirá directamente parte de los ingresos que ingresarán al Tesoro Nacional por la venta de los activos, pero sí se beneficiará con el nuevo canon por uso del agua y con la posibilidad de participar en la gestión conjunta.
La redefinición del esquema de control también abre un espacio para que la provincia tenga mayor injerencia en el manejo ambiental de las cuencas y en la planificación energética a largo plazo, una cuestión clave para una región con fuerte potencial hidroeléctrico.