El gobernador Alberto Weretilneck, celebró la aplicación de la Ley de Reiterancia, una normativa sancionada recientemente que busca endurecer las medidas judiciales contra quienes reinciden en delitos. La primera implementación de la ley se dio en Las Grutas, donde un hombre con tres imputaciones previas fue detenido tras cometer un nuevo robo y quedó con prisión preventiva inmediata.
El detenido había sido acusado en tres causas anteriores, pero hasta ahora había logrado evitar la prisión efectiva. Sin embargo, con la nueva normativa, la Justicia ordenó su detención inmediata, marcando un cambio en el tratamiento de los reincidentes.
“Cuando decimos que se terminó la puerta giratoria, es un hecho”, afirmó Weretilneck y destacó que la reiterancia ahora tiene consecuencias reales. Enfatizó que la ley busca proteger a las víctimas, asegurando que quienes reinciden en delitos no queden en libertad sin enfrentar consecuencias.
“Esto no es relato. Es decisión política, justicia que actúa y ley que se cumple”, sostuvo Weretilneck. Aseguró que la provincia está del lado de quienes quieren vivir en paz, y que la aplicación de la ley marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad.
Detalles del caso
El hecho ocurrió el 8 de junio, alrededor de las 5 de la madrugada, cuando el acusado ingresó sin autorización a una vivienda ubicada en calle Golfo San Jorge, en San Antonio Oeste. Para ello, forzó una cámara de vigilancia externa del complejo habitacional y sustrajo diversos elementos, entre ellos paquetes de tostadas, cajas de manteca, envases de dulce de leche, botellas de sidra, toallas y utensilios de cocina.
Cuatro días después, el imputado fue ubicado en Las Grutas, portando dos bolsas de tela con parte de los objetos denunciados como robados. La Policía de Río Negro logró recuperar los elementos y restituirlos a la víctima.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó como sustento probatorio la denuncia inicial y ampliación de la víctima, el acta del procedimiento policial y recuperación de los objetos, el acta de reconocimiento y entrega de los elementos sustraídos.
La acusación pública solicitó la prisión preventiva, argumentando que el imputado carece de arraigo en la zona y presenta riesgo de fuga. La defensa penal pública se opuso a la medida, pero el Juez de Garantías hizo lugar al pedido fiscal y ordenó la privación de la libertad por 45 días.