"Esposa, madre, laburante", rezan las redes sociales de Gloria Ruiz. De lo primero no hay dudas. Lo último está por verse. Es que por estas horas la situación judicial de la exvicegobernadora de Neuquén y exintendenta de Plottier, se agrava cada vez más y buscan imputarla por fraude al Estado y enriquecimiento ilícito. La trama oscura involucra a terceros y documentos clave.
En el marco de una investigación , el fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó en una entrevista con AM550 que ya cuentan con evidencia contundente y que su objetivo es formular cargos antes del inicio de la feria judicial de invierno.
“Estamos en condiciones de imputarla. Esto se paga con cárcel”, expresó Vignaroli, y agregó que el objetivo de la fiscalía es avanzar hacia un juicio con pena de cumplimiento efectivo.
La compra de una camioneta con fondos de origen dudoso
Uno de los ejes centrales de la causa es la compra de una camioneta Toyota Hilux 4x4 cuyo financiamiento no está debidamente justificado. Según explicó Vignaroli, Ruiz presentó un escrito donde afirma que el dinero provino de la venta de un vehículo por parte de su suegra y de un préstamo de su hermana, aunque no acompañó ningún tipo de documentación respaldatoria.
La fiscalía accedió al boleto de compraventa, en el que la suegra de Ruiz vendió la camioneta por 53 millones de pesos a un tío del esposo de Gloria Ruiz, una persona que, según el fiscal, no estaba en condiciones económicas de afrontar ese pago al contado.
“Entendemos que se trató de una venta simulada para dar apariencia lícita a fondos que en realidad no están justificados”, aseguró el fiscal.
Incluso hay contradicciones en la propia defensa: en el documento presentado, Ruiz sostiene que el valor de la camioneta era de 48 millones, lo cual entra en conflicto con el boleto de compraventa que la fija en 53 millones. Lo curioso: la camioneta está tasada en un valor de 30 millones de pesos, es decir que hubo un sobreprecio de 23 millones.
Un terreno, una pileta y una conexión clandestina
Otro de los puntos más sensibles de la causa involucra un terreno en Plottier donde se construyó una pileta valuada en 31 millones de pesos. Ruiz niega ser la propietaria del terreno, pero la fiscalía asegura tener múltiples elementos que indican lo contrario.
Todo comenzó con una investigación de la cooperativa eléctrica local, que detectó una conexión clandestina de luz en el terreno. Al rastrear el medidor, se descubrió que las boletas se enviaban al correo electrónico de una secretaria de Ruiz, quien también recibía la factura de la casa de la exfuncionaria.
“Tenemos el testimonio de un familiar que recibió el boleto de compraventa de parte de Ruiz, y también el del supuesto titular del terreno, quien admitió que no era de su propiedad”, detalló Vignaroli.
Además, la hija del dueño original del loteo declaró que para avanzar con el proyecto, su padre debió ceder el terreno a la entonces intendenta de Plottier, lo que suma aún más elementos a una trama que, según la fiscalía, involucra testaferros y simulaciones patrimoniales.
Fraude con fondos públicos en la Casa de las Leyes
El tercer eje de la investigación apunta directamente a la malversación de fondos públicos durante la gestión de Ruiz en la Casa de las Leyes, un organismo que dependía de la Municipalidad de Plottier. En este caso, ya se formularon cargos por el delito de peculado contra el hermano de Gloria Ruiz, quien administraba los fondos.
“Había programas creados como pantalla. El dinero era transferido y el hermano de Gloria Ruiz se lo quedaba. Detectamos que las facturas se usaban para justificar otros gastos que no eran los declarados”, afirmó el fiscal.
En los próximos días, el equipo de Vignaroli espera sumar más evidencia proveniente de proveedores que trabajaron con la legislatura o la Casa de las Leyes y que están reclamando pagos que, según indican, fueron desviados o justificados con facturación apócrifa.
Una prórroga, pero con los tiempos contados
La fiscalía le otorgó una última prórroga a Gloria Ruiz para que justifique el origen de sus bienes, aunque el fiscal fue claro: la documentación presentada hasta ahora no acredita nada.
“Lo que ella presentó son sólo afirmaciones sin documentación. No hay pruebas de transferencias, ni constancias de los préstamos, ni respaldo bancario. Con lo que tenemos, no está justificado el origen de los fondos”, concluyó Vignaroli.
El caso promete seguir creciendo y podría marcar un precedente judicial para la política neuquina. Mientras tanto, la investigación avanza en silencio, pero con pasos firmes, y el reloj corre: la fiscalía quiere llegar a la feria judicial con los cargos formulados y la causa encaminada hacia un juicio oral.