El show no debe continuar para los deudores alimentarios
Este fin de semana, durante uno de los recitales más esperados del año en el estadio Monumental, dos neuquinos quedaron en la puerta del recital de Los Piojos y no pudieron acceder por figurar como deudores alimentarios morosos. El sistema de control que implementó la Ciudad de Buenos Aires detectó su situación a través del escaneo de DNI y les prohibió el ingreso.
No es la primera vez que se aplica este tipo de medida: el sistema se puso en funcionamiento en 2024 mediante la Ley 6.711, que prohíbe la entrada a espectáculos públicos en CABA a personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios. Aunque suene insólito, los padres no podían pagar la cuota para sus hijos, pero sí entradas que superaban los 100 mil pesos.
Desde la organización del show remarcaron que estas restricciones apuntan a visibilizar un problema recurrente y grave: el incumplimiento de las obligaciones básicas hacia los hijos, muchas veces de manera sostenida y con maniobras para evadir la ley.
No pudieron ver a Messi: también pasó en Argentina-Brasil
Una situación similar se vivió en marzo, cuando la Selección Argentina enfrentó a Brasil en el Monumental. En ese operativo, las fuerzas de seguridad detectaron que dos neuquinos y un salteño figuraban en el registro de deudores, y les negaron el ingreso al estadio.
En ese partido, las entradas costaban entre 100 mil y 500 mil pesos, y el operativo abarcó a unas 8.000 personas. Fue el estreno oficial del sistema, que ahora se aplica en todos los espectáculos masivos organizados en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida fue celebrada por organizaciones que luchan por el cumplimiento de los derechos alimentarios. “Es una forma concreta de hacer visibles a quienes incumplen con lo más básico, pero siguen disfrutando de lujos”, afirmaron.
Fallo judicial en Neuquén: otra cara del mismo problema
Mientras tanto, en Neuquén se conoció un caso judicial que generó fuerte repudio: una mujer denunció públicamente que su expareja logró una reducción en la cuota alimentaria tras acusarla de “enriquecimiento ilícito”.
Aunque en un primer momento el Poder Judicial le dio la razón a la madre y rechazó el pedido, la Cámara Civil revocó el fallo y autorizó la reducción, por lo que la mujer quedó en una situación económica más vulnerable, a cargo de sus dos hijos.
“Es un retroceso enorme. Muchas madres tienen que demostrar hasta el último recibo, mientras los padres aparecen como víctimas cuando no quieren cumplir”, plantearon desde espacios de acompañamiento legal.
Estos tres casos —dos en eventos públicos, uno en tribunales— exponen un mismo patrón: padres que esquivan su responsabilidad, mientras mantienen una vida social activa o incluso con privilegios. La discusión no es solo legal: es ética, social y urgente. Porque detrás de cada entrada rechazada o fallo cuestionado, hay infancias con derechos vulnerados, necesidades básicas insatisfechas -o que pesan solo sobre la espalda de sus madres u otros familiares- y a la espera de lo que les corresponde por derecho.
No es casual que luchones se escriba tan parecido a lauchones.