El próximo 20 de abril comienza el segundo juicio por el Caso Lolen, la tragedia donde murieron Martina Sepúlveda de 2 años y Matías Mercantil Aguilera de 7, a 10 años del hecho.
En esta segunda instancia se buscará juzgar a cuatro guardaparques y dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca, atribuyéndoles el delito de homicidio culposo, lesiones graves y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La postura de los guardaparques
A días del comienzo de las audiencias, el Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) ratificó su pleno respaldo al Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
"En el marco de la causa Lolén, se reafirma que los hechos investigados responden a un fenómeno natural imprevisible, por lo que no corresponde atribuir responsabilidad penal a quienes cumplen funciones de conservación y servicio público en contextos de naturaleza", expresaron en un comunicado.
Agregaron que los Parques Nacionales son áreas naturales, silvestres, sujetos a variables biológicas, geológicas y meteorológicas "que exceden el manejo humano, por lo que no resulta posible prever ni controlar todos los sucesos naturales que allí ocurren".
"Desde esta institución se considera que castigar penalmente a los guardaparques por este acontecimiento podría generar un antecedente negativo en torno a la responsabilidad de los guardaparques y agentes de conservación en general sobre cualquier hecho natural imprevisible que pueda ocurrir en las más de 18 millones de hectáreas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, con consecuencias sobre sus tareas y sobre la visitación pública de estas áreas, aspecto fundamental en el espíritu de creación de los Parques Nacionales", agregaron.
Opinaron que se trató de un suceso trágico que no podía ser previsible, por lo cual no creen que las imputaciones sean compatibles con los principios constitucionales y convencionales.
Su apoyo a los imputados y las familias de las víctimas
"La Administración de Parques Nacionales reafirma su acompañamiento institucional y jurídico a los agentes involucrados, así como su confianza en que el proceso en curso arribará a un pronunciamiento definitivo conforme a derecho", finalizaron.
Sin embargo también expresaron su solidaridad y acompañamiento a las familias y allegados de los menores fallecidos, así como a las personas que resultaron heridas en 2016 en el accidente.
