El Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Generales de Río Negro, con el respaldo de la CGT Río Negro, presentó este martes ante la Justicia Federal de Roca una acción de amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802. La medida busca frenar la aplicación de disposiciones que, según el gremio, afectan directamente la libertad sindical y el normal funcionamiento de las asociaciones de trabajadores.
El escrito, firmado por el secretario general Gustavo Sol y patrocinado por el abogado Angelo Raúl Zamataro Amarango, solicita además una medida cautelar urgente para suspender los efectos de los artículos cuestionados hasta que se dicte sentencia definitiva. El planteo se fundamenta en que las reformas introducidas por la nueva ley vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional, en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en pactos de derechos humanos ratificados por la Argentina.
La acción colectiva se apoya en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551, que reconocen la legitimación de los sindicatos para defender intereses colectivos. El gremio camionero sostiene que la normativa impugnada incide de manera homogénea sobre todos los trabajadores de la actividad, afiliados o no, y que la afectación es concreta y actual. Por ello, remarcan que no se trata de un planteo abstracto, sino de una controversia real que requiere intervención judicial inmediata.
Entre los puntos cuestionados figuran modificaciones al régimen de convocatoria de asambleas, representación gremial, tutela sindical y sanciones, que según el sindicato restringen la capacidad de organización y acción colectiva. “Las normas sancionadas asestan la vigencia y vigor de la libertad sindical y los derechos constitucionales de los trabajadores”, se afirma en el escrito.
La CGT Río Negro acompañó la iniciativa, destacando que la defensa de los derechos laborales y sindicales es un eje central en un contexto de reformas que, a su entender, debilitan la representación de los trabajadores. La central obrera provincial considera que el amparo colectivo es la herramienta adecuada para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar daños irreparables en el entramado sindical.
El planteo busca que la sentencia tenga efectos generales en toda la provincia de Río Negro, extendiéndose a la totalidad de los trabajadores del sector. De prosperar, la medida marcaría un precedente relevante en la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral y su impacto en la organización sindical.
