Un empresario vinculado al mundo del polo reconoció en plena audiencia judicial que compró 14 mil hectáreas en Bariloche con 2 millones de dólares provenientes del emir de Abu Dhabi, en una operación que podría violar la legislación argentina que prohíbe este tipo de adquisiciones en zonas sensibles. Una historia que sustenta la llegada del poder árabe a la Patagonia.
La bomba la tiró él mismo. Sin rodeos, sin titubeos. El protagonista fue Hugo Alberto Barabucci, oriundo de El Trebol, Santa Fe que se dedica a jugar al polo y a la actividad agrícola ganadera en esa provincia. La declaración surgió él inició de un juicio contra integrantes de una comunidad mapuche por presunta usurpación, afirmó que compró las tierras en la provincia de Río Negro con dinero de una donación de los Emiratos Árabes.
Según su propio relato ante el juez, las tierras no las compró con fondos propios. Dijo que fueron adquiridas "por algo de dos millones de dólares" provenientes de Emiratos Árabes Unidos. Traducido: plata extranjera para quedarse con tierras en una zona donde la ley pone límites muy claros.
Pero además, el dato no es menor. Las hectáreas en cuestión, unas 14 mil, están ubicadas en una región estratégica: área natural protegida, zona de frontera y con presencia de recursos hídricos. Es decir, un combo donde la normativa argentina no solo regula, sino que directamente restringe la compra por parte de extranjeros.
Sin embargo, la operación igual se hizo. Y ahí es donde la historia empieza a hacer ruido. Porque, siempre según la documentación que circula en la causa, el dinero ni siquiera habría ingresado al país: salió de una cuenta en Abu Dhabi y fue a parar a otra en Estados Unidos, del vendedor, Marcos Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía. Argentina, en el medio, apenas figura como escenario de una compra millonaria que, en los papeles, quedó a nombre de un ciudadano argentino. Un esquema que, como mínimo, despierta sospechas.
En ese contexto, la confesión cayó como una bomba dentro del juicio que el propio Barabucci había iniciado contra la pobladora mapuche Soledad Cayunao, a quien acusaba de usurpación. La causa, sin embargo, terminó en sentido inverso: la mujer fue absuelta porque no se pudo probar el delito. Pero lo que quedó flotando en la sala fue otra cosa.
Mientras se discutía si una mujer subía ganado por un sendero ancestral, el propio denunciante reconocía haber comprado tierras con dinero extranjero en una zona donde eso podría estar prohibido. Y entonces el foco cambió.
A partir de ahí, los abogados defensores no dejaron pasar el dato. Anunciaron que pedirán que intervenga el Ministerio Público Fiscal y organismos nacionales para determinar si la operación fue legal o si, en realidad, se utilizó una figura local para sortear las restricciones que impone la ley de tierras. Es decir, si hubo un mecanismo para “prestar el nombre”.
Además, en el entramado aparecen sociedades, fideicomisos y nombres cruzados que complejizan aún más el mapa de propiedad. Un rompecabezas que, lejos de aclarar, suma capas de opacidad sobre quién es el verdadero dueño de esas miles de hectáreas en plena Patagonia.
Odarda pide información sobre la venta
La polémica escaló a la Legislatura. La dirigente Magdalena Odarda presentó un pedido de informes para que la Justicia investigue a fondo la confesión del polista Barabucci. La presentación apunta directamente al Ministerio Público Fiscal y exige saber si ya se abrió una causa penal por el origen de esos fondos millonarios.
Pero además, el foco está puesto en cómo ingresó ese dinero al circuito financiero. Según lo declarado en la Sala 1 del Auditorium en el juicio, los dos millones de dólares fueron transferidos desde Abu Dhabi hacia una cuenta en Estados Unidos, sin pasar por controles argentinos. Odarda pidió que se investigue un posible contrabando de divisas, evasión y hasta lavado de dinero, con intervención de organismos nacionales como la UIF y la AFIP.
Al mismo tiempo, la lupa cae sobre la legalidad de la compra. Las tierras, hubicadas a unos 100 kilómetros al sur de Bariloche, y a 45 del límite con Chile, están ubicadas en zona de frontera y bajo régimen de protección, donde la ley prohíbe expresamente la adquisición por parte de extranjeros, incluso mediante intermediarios. Por eso, el planteo también apunta a determinar si se utilizó a Barabucci como figura para encubrir al verdadero titular de la propiedad.
