La causa judicial que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia la cooperativa Viento Sur avanza hacia una nueva etapa. Este jueves 3 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la realización de una audiencia de control de acusación, instancia previa a la apertura del juicio, en una investigación que abarca hechos ocurridos entre 2022 y 2023 y que tiene entre los involucrados a exfuncionarios provinciales y particulares vinculados a la cooperativa y a distintas organizaciones de la sociedad civil.
La fiscal del caso Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, pidió a la Oficina Judicial la fijación de la audiencia. El objetivo es presentar la acusación que comprende a ocho personas imputadas y, de este modo, cerrar la investigación y abrir la etapa de juicio para determinar las responsabilidades de cada una.
En la primera parte de este informe, publicada el 3 de septiembre, Mejor Informado reconstruyó el origen de la causa: el programa creado durante la gestión de Omar Gutiérrez, los fondos que recibió la cooperativa, los controles que debían realizarse y las primeras medidas de la Justicia.
En esta segunda parte, se abordará los exfuncionarios bajo la lupa, la ruta de los 1.200 millones de pesos y el pedido de la Fiscalia para llevar a ocho imputados a juicio.
La investigación por el presunto desvío de fondos públicos hacia la cooperativa Viento Sur comenzó concentrada en quienes habían recibido y administrado el dinero. Pero el análisis de la documentación abrió otra pregunta: ¿cómo pudieron continuar los desembolsos si el programa establecía controles obligatorios antes de entregar los fondos?
La respuesta de la Fiscalía llevó la investigación hacia los funcionarios que tenían a su cargo esas decisiones. El expediente, que inicialmente tenía seis personas imputadas, terminó incorporando a dos exministros de la gestión de Omar Gutiérrez. Y ahora, con ocho personas acusadas, el Ministerio Público Fiscal pidió avanzar hacia la audiencia de control de acusación.
El Estado también quedó bajo la lupa
En abril de 2025, cuando se formularon cargos contra los integrantes de Viento Sur, el fiscal jefe Pablo Vignaroli ya había anticipado que la investigación podía avanzar sobre funcionarios de la administración provincial. La hipótesis fiscal era que la presunta maniobra no podía explicarse solamente por quienes recibieron los fondos. Si el programa establecía controles previos y rendiciones obligatorias, había que determinar qué funcionarios intervinieron en las autorizaciones y si cumplieron con las obligaciones que tenían a su cargo.
Vignaroli explicó entonces que quienes administraban el programa tenían la facultad de disponer los pagos y que, según la investigación, las capacitaciones que debían justificar los desembolsos no habían sido acreditadas en los términos exigidos. La investigación comenzó a mirar entonces hacia funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social.
Los nombres que aparecieron
Entre los funcionarios vinculados con el programa aparecieron Ricardo Soiza, entonces director de Planes Sociales; Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial; y los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino. La conexión con la causa conocida públicamente como la estafa con planes sociales hizo que el caso Viento Sur adquiriera todavía mayor repercusión.
Pero hay que hacer una distinción fundamental: la causa Viento Sur y la investigación por la estafa con planes sociales son expedientes diferentes. La relación está dada por algunos protagonistas y por el contexto en el que funcionaban las organizaciones sociales, pero la investigación que ahora busca llegar a juicio tiene un objeto concreto: el presunto desvío de los fondos entregados mediante el programa de capacitación creado en 2022.
Marzo de 2026: imputan a los exministros
El salto procesal se produjo el 4 de marzo de 2026. La Fiscalía amplió la formulación de cargos e imputó a los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, a quienes atribuyó haber autorizado pagos mensuales a Viento Sur sin verificar que se cumplieran los requisitos establecidos por el programa.
Según la acusación, ambos aceptaron rendiciones que eran incompletas, inconsistentes o directamente inexistentes. La Fiscalía también puso el foco en los informes de la Contaduría General de la Provincia. De acuerdo con la acusación, ese organismo había emitido dictámenes desfavorables durante los períodos analizados. Sin embargo, las observaciones no habrían impedido que los pagos continuaran.
Para los fiscales, esa circunstancia resulta central para establecer la eventual responsabilidad de quienes tenían a su cargo la autorización de los desembolsos.
¿Qué les atribuye la Fiscalía?
Respecto de Di Luca y Chapino, el Ministerio Público Fiscal sostiene que ambos tenían el control funcional de decisiones que permitieron la continuidad de los pagos. La acusación los ubica como coautores de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En términos simples, la hipótesis fiscal sostiene que los exministros habilitaron la continuidad de los desembolsos sin verificar las condiciones que el propio programa exigía.
En cuanto a los integrantes de Viento Sur, la Fiscalía sostiene que solicitaron, recibieron y administraron los recursos con conocimiento de que tenían un destino específico. También les atribuye haber presentado rendiciones con comprobantes que no se correspondían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y otras inconsistencias.
A otras tres personas se les atribuye el carácter de partícipes necesarios, por haber recibido fondos sin una contraprestación que, según la acusación, permitiera justificar esos pagos.
La cifra que quedó finalmente en la causa
Uno de los datos que cambió durante la investigación fue el monto del presunto perjuicio. En la primera formulación de cargos contra integrantes de Viento Sur se había calculado en $1.341.400.640. Con la ampliación de la acusación, la Fiscalía estableció finalmente el perjuicio en $1.208.657.600 a valores históricos.
El propio Ministerio Público explicó que la diferencia se produjo porque originalmente se había incluido un período que finalmente no formó parte del hecho investigado. La cifra, de todos modos, representa el valor histórico del perjuicio. No se trata de una actualización a valores actuales.
Después de la incorporación de los exministros, la causa necesitó una nueva extensión de los plazos de investigación. En abril de 2026, las defensas de Di Luca y Chapino solicitaron una prórroga para poder desarrollar sus estrategias.
El pedido contó con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal, que explicó que todavía quedaban medidas de prueba por producir.
Entre ellas estaban el análisis de información extraída de un teléfono celular, informes solicitados al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y un estudio contable sobre pagos relacionados con los hechos investigados.
La jueza de garantías Natalia Pelosso otorgó una prórroga de cuatro meses para la totalidad de los imputados, en el marco de una causa que había sido declarada compleja.
Ocho personas y una acusación común
Con la incorporación de los dos exministros, la investigación quedó con ocho personas imputadas. La Fiscalía sostiene que existió una actuación coordinada entre particulares y funcionarios públicos que permitió que los desembolsos continuaran pese a que no se acreditaba el cumplimiento de los objetivos del programa.
La acusación establece diferentes grados de responsabilidad según el papel que cada persona habría tenido en el circuito. Por un lado están quienes, según la Fiscalía, recibieron y administraron los recursos. Por otro, quienes habrían colaborado con la disposición de los fondos. Finalmente aparecen los funcionarios que, siempre de acuerdo con la hipótesis acusatoria, tenían la obligación de controlar y autorizar los desembolsos.
La Justicia todavía debe determinar si esas responsabilidades efectivamente existieron.
Septiembre de 2026: la causa llega a una instancia decisiva
Este jueves 3 de septiembre se produjo el último avance. El Ministerio Público Fiscal solicitó a la Oficina Judicial que fije una audiencia de control de acusación. Se trata de una instancia fundamental del proceso penal: allí la Fiscalía deberá presentar formalmente su acusación y la prueba que pretende llevar al juicio, mientras que las defensas podrán formular sus planteos y cuestionamientos.
Si la acusación supera esa etapa, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia el juicio oral. La Fiscalía de Estado, que interviene como querellante y fue quien presentó la denuncia inicial, acompañó el pedido del Ministerio Público Fiscal.
El Ministerio Público Fiscal prevé convocar a aproximadamente 80 personas como testigos durante el eventual juicio. Por la cantidad de imputados y la complejidad de la investigación, la intención es que el caso sea analizado por un tribunal colegiado integrado por tres jueces o juezas.
La audiencia de control de acusación será entonces el próximo punto de la causa.
