El 10 de septiembre de 1992 se aprobó en particular la denominada entonces “Ley de Autarquía Judicial”, ideada para que el Poder Judicial administrara sus propios recursos, con la asignación de 18 por ciento de la coparticipación federal de impuestos; algo que, con el pasar de los años, se tornó insuficiente, y que hoy representa menos de la mitad de los gastos que requiere la Justicia para su funcionamiento.
En ese momento, se informó que la aprobación requirió solo 20 minutos de trámite parlamentario en el recinto, para aprobar cada uno de los artículos del proyecto. También se menciona que “la modificación más importante fue dejar abierta la posibilidad de cambiar el 18 por ciento de coparticipación de impuestos que percibirá el Tribunal Superior de Justicia, ante una posible reducción de los fondos que transfiere Nación, a fin de que se garantice el servicio de Justicia”.
Por supuesto que el 18 por ciento de coparticipación significó cada vez menos dinero, mientras los gastos aumentaban. Pero no se modificó nada, solo se fue aumentando el aporte del Ejecutivo en cada presupuesto. En el de este año, la contribución fue de 206.540 millones de pesos, en un presupuesto que estimó un total de gastos de poco más de 389 mil millones.
El 93 por ciento de los gastos del Poder Judicial está asignado a los pagos de sueldos para sus 2.548 cargos. Actualmente, está en conflicto por los salarios con el sindicato SEJUN.
Curiosamente, en la crónica de aquella aprobación de hace 34 años, se destacaba el “beneficio” de la nueva ley para la Justicia, ya que “no va a tener que recurrir más al ministerio de Hacienda y Finanzas para reclamar las partidas presupuestarias que el Ejecutivo le asignaba anualmente”.
Lamentablemente, lo que se ofreció en su momento como una solución, quedó diluido en la sempiterna ineficacia argentina. Hoy es letra muerta, papel pintado, casi una excusa para reafirmar la autonomía del Poder Judicial respecto del Ejecutivo: una ficción aceptada por todos.
